Política

Diputados no levanta su estigma y sigue como cámara de la impunidad

Varios legisladores de la Cámara Baja, empezando por su presidente, Miguel Cuevas, enfrentan procesos judiciales por hechos de corrupción. Sin embargo, ninguno perdió su investidura.

Mientras en la Cámara de Senadores y tras la presión ciudadana, los legisladores dan señales más claras de que quieren depurar sus filas, en la Cámara de Diputados el corporativismo es mucho más fuerte y hasta el momento, a pesar de que existen serios indicios de hechos de corrupción y tráfico de influencias, ninguno de sus miembros sufrió un castigo político ni moral hasta la fecha.

Al contrario, en la Cámara Baja prefieren buscar todo tipo de argucias para no tratar temas que involucren a alguno de los miembros. Existe una minoría que no cuenta con la fuerza suficiente para llevar adelante el tratamiento de un pedido de pérdida de investidura.

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El ahora ex diputado José María Ibáñez (ANR), sobre quien pesaba un pedido de pérdida de investidura, fue salvado por sus colegas, pero finalmente fue la ciudadanía, con escraches continuos, la que consiguió que el legis-lador renuncie a su banca.

Desde setiembre del año pasado está pendiente el pedido presentado en contra del liberal Carlos Portillo por tráfico de influencias. Sin embargo, con la excusa de que la pérdida de investidura no está reglamentada, lo siguen dilatando. Además de sus correligionarios, Portillo cuenta con la protección de los colorados, que representan la mayoría en la Cámara Baja.

El temor es que tal como sucede con los senadores, en Diputados, si es que deciden castigar a uno de sus pares, sean varios los que tengan que ser reemplazados.

Recordemos que en el Senado tres legisladores ya perdieron la investidura, Óscar González Daher, Víctor Bogado (ambos colorados) y el liberal Dionisio Amarilla, y uno decidió renunciar antes que enfrentar el juicio de sus colegas, Jorge Oviedo Matto, del Unace.

Otro que recibe el apoyo de la mayoría de los diputados es el cartista Tomás Éver Rivas, imputado por hacer figurar como funcionarios de la Cámara de Diputados a tres empleados de sus propiedades privadas. Rivas chicaneó por un año su caso para trancar su desafuero, pero finalmente ya no lo pudo evitar y terminó solicitando él mismo quedar sin su inmunidad parlamentaria.

Un caso bastante inusual es el que se da con el colorado oficialista Ulises Quintana, quien guarda reclusión imputado por un supuesto nexo con el narcotráfico, pero al mismo solamente le concedieron un permiso y no le sacaron la investidura.

El liberal Teófilo Espínola también enfrenta un proceso judicial por daño patrimonial. El legislador solicitó su desafuero.

INVESTIGADOS. Por otro lado, son seis los legisladores que están actualmente bajo investigación fiscal y que aún no fueron imputados. El Ministerio Público investiga al diputado Justo Zacarías Irún, y a su esposa, la diputada Rocío Abed, en el caso que también involucra al senador Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, también enfrenta una pesquisa en su contra por enriquecimiento ilícito y lesión de confianza. La denuncia en su contra menciona que se enriqueció en su paso por la Gobernación de Paraguarí.

Contra Cuevas también se presentó un proyecto de resolución por medio del cual el pleno le quitaba la confianza, pero esto tampoco prosperó.

El titular de Diputados cuenta con el respaldo político del propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

También son investigados por la Fiscalía de Delitos Económicos, por una denuncia por lesión de confianza el diputado Esteban Martín Samaniego, por su gestión como intendente de Quyquyhó; Avelino Dávalos, quien fue gobernador de Caazapá en el periodo 2013-2018; y Marlene Ocampo, ex gobernadora de Alto Paraguay.

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