El proyecto cuenta con la firma de Acosta, Kattya González (Encuentro Nacional), Pastor Vera Bejarano (PLRA) y Julio Mineur (PLRA). De acuerdo con el proyectista, no están en contra de los emprendimientos sociales que hacen las hidroeléctricas, sino que se busca dar un orden y así eliminar el riesgo de despilfarro. Recordó que en el 2008, cuando Carlos Mateo Balmelli era el director paraguayo de Itaipú y él era uno de sus colaboradores, ya se había determinado la necesidad de que estos gastos formen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN).
“En aquel tiempo nosotros habíamos otorgado a la ANDE poco más de USD 30 millones para que disponga de ese dinero y lo pueda meter al PGN. Eso significaba entrar en el circuito de control, licitaciones y Contraloría. En los últimos tiempos no ha cambiado la forma de trabajar con relación a los gastos sociales y lo que hacen los directores de entidades es una discrecionalidad, que inclusive se convierte en un acto de clientelismo”, destacó.
Enfatizó que no se establece una estructura del manejo del dinero, que finalmente es de todos los paraguayos y que incluso tiene que tomarse el aporte social de Itaipú y Yacyretá como un favor, algo que dijo no compartir.
La construcción de escuelas y puestos de salud que hacen las binacionales puede tomarse como algo positivo, pero si no se incluye dentro del presupuesto, de los ministerios respectivos, el mantenimiento de esa infraestructura, se genera un problema, advirtió.
Acotó que la inversión social también forma parte del costo de la energía, por lo que los usuarios locales también están pagando estas iniciativas.
La iniciativa parlamentaria presentada por el diputado señala que los fondos para obras sociales sean transferidos al Ministerio de Hacienda para su posterior utilización y formen parte del PGN. Asimismo, los recursos serán asignados con exclusividad al financiamiento de programas y proyectos relacionados con las áreas de salud y educación.
ES CONSTITUCIONAL. Consultado sobre el hecho de que las binacionales están por encima de las leyes locales y que por eso no pueden someterse al control, como argumentaron siempre sus directivos, Acosta respondió que el artículo 176 de la Carta Magna establece que se deben buscar los mejores mecanismos de la utilización del dinero público y que el interés general debe primar sobre el particular.
“De repente nos ponemos contentos por el barrio San Francisco y la compra de ambulancias, pero el Estado tiene que contar con ese dinero y ver cuáles son las necesidades. Escuché al director de Yacyretá (Nicanor Duarte Frutos) decir que va a construir un hospital en Areguá, un mercado en Santaní, apoyar la agricultura familiar. Buenas ideas, pero ¿por qué eso no podía direccionarse a través del PGN?”, expresó.
Afirmó que el órgano correspondiente de la agricultura familiar es el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y no Antonio Ibáñez, contratado recientemente por Itaipú para liderar el proyecto.
ANALIZAR. El diputado colorado Walter Harms comentó que tiene que analizar si es legal la inclusión de los gastos sociales al PGN, considerando que Itaipú y Yacyretá son entidades supranacionales, y no se rigen por la Constitución ni leyes nacionales. Remarcó que toda obra social primero es autorizada por el Consejo de Administración de las hidroeléctricas. No cree que la idea planteada sea factible y que eliminar la discrecionalidad pasa más por el administrador de turno que por una ley.
El presidente Mario Abdo Benítez dio la orden expresa a las binacionales para intensificar los gastos sociales. Itaipú y Yacyretá ya prevén emprender diferentes proyectos (ver infografía).
Este tipo de obras se habían empezado a realizar bajo la presidencia de Duarte Frutos.
En el 2006, la Cámara de Senadores decidió incorporar en la Ley de Presupuesto los gastos sociales de las binacionales. Todos los emprendimientos primero debían ser revisados y autorizados por el Poder Legislativo. Duarte Frutos obtuvo una acción de inconstitucionalidad, por lo que la supervisión del Congreso fue desechada.
