“Este es un tema importante para la República. La transparencia es la columna vertebral de toda administración”, señaló el diputado Antonio Buzarquis, tras la reunión de la mesa directiva.
El documento establece que las autoridades que ocupen cargos de presidente y vicepresidente de la República, miembros del Congreso, ministros del Poder Ejecutivo y titulares de entes deberán enajenar o renunciar a su participación en la propiedad de empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado o a sus organismos y en empresas que presten servicios sujetos a tarifas reguladas o que exploten, a cualquier título, concesiones otorgadas por el Estado, incluidas las concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción y de radiodifusión sonora o cualquiera que tenga relación o interés en las tareas que cumple.
Asimismo, estipula que las personas que han ocupado cargos públicos como presidentes, directores generales, miembros de Consejos de Administración, así como aquellas que sean definidas por la Secretaría Nacional de Anticorrupción no podrán, una vez concluida su relación laboral y por el periodo de dos años contados desde la finalización de la relación laboral, trabajar en una empresa del sector privado con la que la misma mantuvo una vinculación directa, participó en contrataciones o de alguna manera guardó estrecha relación con la empresa participando en la decisión de acciones que afectaron a la misma.
También se establece una multa para las empresas que contraten a los ex funcionarios previo sumario administrativo por la Secretaría Nacional Anticorrupción.
El proyecto fue presentado por Kattya González, Celeste Amarilla, Sebastián Villarejo, Édgar Acosta, Jorge Ávalos Mariño y Tito Ibarrola.
EXTRAORDINARIA. Hoy, a las 14:00, habrá una sesión extraordinaria donde se estudiarán pedidos de pensiones graciables, proyectos de desafectación de dominio público, la creación de una comisión nacional para el fortalecimiento de las lenguas indígenas y la modificación del artículo 20 del reglamento interno, que plantea la modificación que establece que las ausencias de los diputados a tres sesiones consecutivas, o cinco alternadas durante el año, sin justificación, serán sancionadas con suspensión de funciones por 60 días.
La nueva mesa directiva decidió realizar dos sesiones semanales con la intención de agotar todos los temas.