Para la diputada Kattya González el Gobierno está tratando de minimizar los hechos que significaron una “verdadera estafa en plena pandemia”.
“Que altos funcionarios del Ejecutivo sostengan que no hubo daño patrimonial es una patada en el trasero a los miles de trabajadores y empresarios que se han quedado sin ingresos en esta pandemia”, indicó la legisladora por el Partido Encuentro Nacional.
“Los mensajes políticos deben ser contundentes: no a la impunidad ni de funcionarios, ni de empresarios o seudoempresarios vinculados a la provisión de insumos fallidos y/ o sobrefacturados” , expresó la legisladora.
Agregó que “explicar que los fondos con los cuales se pagaron algunas de las licitaciones cuestionadas “no provienen del préstamo Covid” sino de otra fuente de financiamiento es hasta una burla.
“La denuncia ya lleva más de mes y medio en la Unidad de Delitos Económicos y urge una decisión. Por mucho menos se imputa a la ciudadanía y seguir demorando la imputación genera desconfianza. La Fiscalía debe decidirse de qué lado está”, dijo en relación a la tardanza de la investigación en la Fiscalía.
Rocío Vallejo dijo no estar de acuerdo con las conclusiones de la omisión especial conformada por el Ejecutivo.
Dijo que se debe tener en cuenta el concepto de “reparación del daño” y citó varios casos como el de Petropar y Dinac, donde el dinero fue devuelto. No obstante, eso no significa que el hecho punible no haya existido. “No se esfuma el caso porque se haya reparado el daño, no se extingue”, aseveró.
Agregó que no se puede hacer un análisis muy ligero de lo que sucedió. Señaló que en la estafa existe la tentativa y eso también configura un hecho punible. Mencionó además que en el caso de las compras canceladas por el Ministerio de Salud, debido a las irregularidades, se hizo un adelanto de dinero de USD 3 millones, que hasta ahora no están en la cuenta del Estado.
Indicó que el Gobierno no debe hacer una defensa de qué ocurrió o no y que la comisión debía solamente detallar lo investigado. Indicó que la Fiscalía debe terminar el trabajo. Como ex fiscala, manifestó que ella ya hubiera imputado por estafa o su tentativa, y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
En tanto, el diputado Carlos Rejala dijo que “nuevamente se quiere aplicar la ley del ñembotavy y se quieren cajonear los casos para que todo quede impune”.
Habló de que los casos de corrupción y la impunidad causan hartazgo en la gente. “A esto hay que agregar la falta de firmeza del Gobierno para sacarnos del pozo y la carencia de una Justicia efectiva para castigar a los que se aprovechan de la gente; en este momento pueden hacer estallar la bomba y será más potente que Hiroshima”, apuntó.
“Si eran colorados ya iban a estar imputados”
Para el diputado cartista Basilio Bachi Núñez, “la Justicia es selectiva” y falta más celeridad por el escándalo de las compras para Salud.
“Algo que decimos dentro de nuestra bancada es que cuando se trata de colorados son rápidamente imputados y cuando no, en este caso que son empresarios, no hay ninguna imputación”, dijo Núñez sobre la demora de la Fiscalía en investigar. Agregó que hay colorados que están presos en la Agrupación Especializada “mientras el ex intendente de Asunción está en su casa probablemente escuchando a los Beatles”, en referencia a Mario Ferreiro. Acerca del trabajo de la comisión especial encabezada por Arnaldo Giuzzio dijo que alertó en su momento y se detuvieron 32 licitaciones. “Si no se detenía eso íbamos a tener 32 llamados irregulares”, expresó. Precisó que gracias a esa comisión se detuvieron las licitaciones irregulares. Agregó no obstante que cree que hubo un daño al Estado en los hechos de corrupción detectados. El diputado dijo esto ayer tras haber sido electo nuevamente como líder de bancada de Honor Colorado.
