El contralor general Camilo Benítez advirtió que las modificaciones al Código de Organización Judicial podrían debilitar el rol constitucional de la Contraloría y transferir atribuciones al Poder Judicial.
Se trata de un proyecto de ley que modifica las atribuciones del Tribunal de Cuentas, que pretende legalizar que los administradores de dinero público que no quieran rendir cuentas, puedan evadir al ente contralor de forma legal.
Este proyecto se trataría hoy en Diputados. Para el efecto, el contralor general acudió ayer ante la Comisión de Cuentas y Control para brindar su parecer.
A su criterio, representaría un retroceso institucional y un conflicto con lo establecido en la Constitución Nacional de 1992.
“Si se aprueban estas modificaciones, estaríamos normalizando un ‘puenteo’ a la Contraloría General de la República con consecuencias devastadoras”, afirmó.
El funcionario sostuvo que el proyecto otorgaría al Poder Judicial facultades que actualmente no posee en materia de control y fiscalización de recursos públicos.
Benítez también señaló que el cambio legal propuesto implicaría restar competencias tanto a la Contraloría como al Congreso Nacional, órganos a los que la Constitución les asigna funciones de fiscalización.
Desde la institución advierten que este tipo de modificaciones pueden comprometer principios de transparencia y control en la gestión pública, así como las políticas de lucha contra la corrupción impulsadas por el propio Poder Ejecutivo.
El proyecto de ley que modifica el artículo 30 de la Ley 879/1981 “Código de Organización Judicial”, reformado previamente por la Ley 2248/2003, se tratará hoy en Diputados con las modificaciones llevadas a cabo por los senadores y es casi un hecho que la mayoría cartista vuelva a aprobarlas.
