Los diputados prefieren mostrarse cautos ante el paquete de proyectos de ley que presentó el Ejecutivo el jueves pasado en el Congreso. El presidente Mario Abdo Benítez propuso al Senado varios planes de modificaciones de leyes y la creación de figuras como el soborno privado y el transnacional. El objetivo es fortalecer el combate al crimen organizado, la corrupción y el lavado de dinero.
Por un lado, el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, integrante de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves, manifestó que antes de opinar prefiere leer los proyectos. Apuntó que, aunque primero se estudiarán en el Senado, ya solicitó una copia de las propuestas para estar bien informado antes de analizarlas en la Cámara Baja.
A su vez, el diputado colorado Walter Harms también se mostró prudente ante las iniciativas del Ejecutivo. Señaló que espera que la presentación rimbombante de Abdo Benítez no quede en el mero discurso, y que las leyes realmente sean efectivas. No obstante, también leerá los proyectos de leyes antes de emitir una opinión más contundente al respecto.
Detalles. Entre las ideas del Ejecutivo está la creación de las figuras del soborno privado y el transnacional, delitos inexistentes en la actual ley penal paraguaya. Para estos delitos, según la propuesta, se establecen penas de prisión de hasta tres años o con multa. En los casos más graves pueden llegar hasta a cinco años.
Asimismo, se instauran procedimientos especiales para el comiso e inmovilización de fondos o activos financieros, y la derogación de la prejudicialidad, figura muy utilizada por los políticos para eludir procesos penales.
Además, los proyectos pretenden crear una jurisdicción especializada en hechos de corrupción, crimen organizado y terrorismo, con juzgados penales de Garantías, tribunales de Sentencia que los juzgarán, y tribunales de Apelación.
También se busca modificar la Ley 4024 del terrorismo y cambiar artículos de la Ley 5896 de trasparencia de sociedades. Igualmente, un proyecto crea el Registro de Beneficiario Final de Personas Jurídicas.
Por si fuera poco, se propone la creación de la Secretaría de Inteligencia Financiera. Además, se amplían disposiciones de la creación del impuesto a la renta del servicio de carácter personal; exclusión de personas físicas o jurídicas de las listas emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Con estas iniciativas, el Gobierno pretende pasar el examen al que será sometido por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, para no integrar la lista gris.