La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según las fundamentaciones del Ejecutivo, el proyecto de ley tiene como objetivos principales: Promover inversiones público-privadas, crear un marco legal e institucional adecuado y revisar y aprobar contratos y proyectos.
El Gobierno estima que con la actualización se pueden cerrar brechas en infraestructura en sectores críticos al 2030. Las necesidades de financiamiento ascienden a USD 24.171 millones.
Entre los principales puntos, el proyecto busca modificar el artículo 48 de la ley y aumentar el porcentaje de participación del Estado en las APP al 25%. También se pretende establecer que el monto acumulado de los pagos firmes y contingentes cuantificables, netos de ingresos contingentes, asumidos a título de contratos de participación público-privada, no puedan exceder el 4% del PIB y que el monto asumido de pagos firmes y contingentes cuantificables anualmente no podrá exceder del 0,8% del PIB del año inmediato anterior.
Planes. Según los datos del informe de gestión del primer año de la actual administración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), restando la APP para la ampliación y el mejoramiento de 108 km de la ruta PY01 (USD 428 millones), en el tramo Cuatro Mojones con Quiindy, hay planes por al menos USD 1.490 millones que buscan la inversión privada para obras de infraestructura pública. Así, figuran la APP para el Sistema Integral de Abastecimiento de Agua Potable de la Zona Norte del Área Metropolitana de Asunción, la concesión de las rutas PY06 y PY07, y el proyecto llave en mano para la ruta PY10, entre Paso Yobái-Tuna-Cristóbal. Otros proyectos mencionados son la modernización del Aeropuerto Silvio Pettirossi y el tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí.
