Se trata de una propuesta de aumentar las penas para los hechos punibles de lesión de confianza y estafa, enmarcados en la figura de perjuicio al Estado y la corrupción pública. “Esto es urgente para que se aplique a todo aquel que perjudica al Estado”, remarcó la legisladora.
La lesión de confianza tiene una pena máxima de 10 años actualmente y la estafa, 8 años.
Ante la necesidad de proteger el patrimonio del Estado de los propios funcionarios y sus malos manejos, el proyecto propone aumentar la condena a 15 años para los casos especialmente graves.
En este sentido, la norma vigente no aclara cuáles son estos casos graves, por lo que la modificación planteada por la proyectista especifica que el agravante es que el autor sea un funcionario y que el daño sea al patrimonio público.
Otro punto importante que menciona la diputada como objetivo del proyecto es que, de aprobarse, los procesados tendrán menos posibilidades de recurrir a chicanas para llegar a la prescripción de causa que, según señaló, es una práctica común.
Explicó que se juegan a cumplir los 10 años del proceso para salir absueltos actualmente, lo que es muy fácil, pero con esta modificación, la prescripción se dará recién en 30 años.
Ante la crisis sanitaria, económica y educativa que se vive actualmente, los firmantes del proyecto, que son integrantes de la multibancada, vieron la necesidad de proteger los bienes públicos.
Entre los casos más recientes se encuentra la sobrefacturación de insumos en la Dinac, que derivó en la renuncia del titular Édgar Melgarejo, quien se encuentra con prisión domiciliaria.
También el senador colorado Javier Zacarías Irún afronta una causa por lesión de confianza, junto con su esposa, la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, quienes habrían utilizado indebidamente G. 2.100 millones de los bienes de la comuna.
