La directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Alejandra Peralta, comentó que junto con la Procuraduría y la Cancillería están trabajando en equipo para la elaboración de los alegatos finales de la demanda de Juan Arrom y Anuncio Martí ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyo plazo de presentación vence el 8 de marzo; por lo tanto, el pedido de informe de la Comisión Permanente del Congreso llega de forma “inoportuna”, según una de las encargadas de la defensa del Estado.
“Si bien los legisladores tienen prerrogativas parlamentarias para solicitar informes y las instituciones están obligadas a responder, el plazo que nos dieron para contestar coincide con el que nos dieron para presentar los alegatos escritos. Entonces esto implica consumir tiempo de trabajo que utilizamos para dedicarnos a estos alegatos. Estamos todos los días en la Procuraduría y hay que entender también que cada uno tiene funciones propias de nuestros cargos”, cuestionó.
Peralta indicó que desconoce si la Cancillería considera la posibilidad de solicitar una prórroga para emitir el informe, pero por el momento trabajan para brindar la respuesta solicitada. “Llegó en un mal momento, pero vamos a responder”, expresó.
La directora adelantó que se trata de un alegato estrictamente jurídico y que se enfocan en aclarar todas las dudas expuestas por los jueces de la Corte. “Tenemos muchas expectativas de poder ganar este caso”, manifestó.
Por su parte, desde la Cancillería se negaron a manifestar pronunciamiento.
La Comisión Permanente del Congreso, como planteamiento de la senadora opositora Desirée Masi, solicitó un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores referente a las actuaciones del Estado en el caso Arrom y Martí, durante el proceso de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otras comunicaciones.
El pedido de informe involucra a la Cancillería, la Procuraduría General, al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia.
Pero el punto más polémico es el pedido de explicación del motivo por el cual el Estado solicitó una prórroga para contestar a la CIDH en julio del 2017 y las razones por las que, terminado el plazo, no se remitieron las observaciones, según consta en el informe 100/17 de la CIDH.
Para varios expertos, esto pudo jugar en contra del Estado, mientras que los agentes del Gobierno niegan que haya influido en el informe final.