La deuda del Estado con las empresas constructoras se volvió a ubicar en los USD 300 millones. Así lo confirmó el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, quien precisó que esta cifra se mantiene a pesar de los pagos efectuados durante los meses de abril y mayo.
Por otra parte, el empresario cuestionó la viabilidad del sistema de factoraje. Según Heisecke, la reglamentación actual resulta inaplicable debido a que las entidades financieras descuentan a las compañías entre un 21 y un 24 por ciento en concepto de intereses al momento de concretar la operación.
“Si esta herramienta no se practica, vamos a dejar de cobrar y todos saben cuál será el final. Esperamos que esto no pase. Tuvimos dos meses donde se levantaron los pagos, pero no nos prometieron seguir con esa rutina, pero sí se comprometieron a pagar los certificados mes a mes. Nos tocaría ver otra herramienta ya que el ciclo ya está a punto de romperse”, dijo a Monumental 1080AM.
IMPUESTOS. José Luis Heisecke planteó que la solución no será un aumento de impuestos, ya que eso no implica que el Estado sea más eficiente. “Tenemos que mejorar la calidad del gasto y ahí se entra en una pelea compleja. O se aumentan los impuestos o se levanta el tope fiscal, pero quién garantiza un mejor gasto público”, expresó. “Paraguay está entre los últimos lugares en calidad de infraestructura. Estamos muy lejos de los demás países de la región”, agregó.
TOPE FISCAL. Para el economista Sergio Sapena, los retrasos en los desembolsos para los proveedores del Estado tienen relación con una estrategia del MEF para mantener el déficit fiscal en torno al compromiso del 1,5%.
Sapena afirma que la reglementación de la herramienta es injusta para las empresas y evidencia que el Estado no dispone de los recursos para pagar sus deudas. Sugirió elevar el tope fiscal.
RECHAZO. La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), así como la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), manifestó su firme rechazo a la propuesta de factoring (canje de deudas) presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), argumentando que el mecanismo traslada el costo financiero del retraso estatal directamente al sector privado.
Señalan que las condiciones impuestas hacen que el mecanismo sea inviable de aplicación.
Cabe recordar que desde el Gobierno se presentó esta herramienta como una forma de dar liquidez al sector de la construcción y las farmacéuticas, en medio de la crisis generada por la cesación de pagos por parte del Estado.
- 300 millones de dólares es el monto de la deuda del Estado con las empresas de la construcción.
