EFE
La Fiscalía portuguesa confirmó el arresto de un ciudadano luso-brasileño por su presunta implicación en ese escándalo, aunque fue la prensa lusa la que reveló la identidad de Schmidt, socio de un antiguo director de la estatal Petrobras.
La prensa portuguesa, que citó fuentes oficiales de la Policía Judicial (PJ), reveló que el arresto de Schmidt se llevó a cabo hoy en un apartamento situado en el centro de Lisboa.
Medios lusos apuntan a que el detenido se había dado a la fuga y se encontraba escondido en la capital portuguesa, donde contaba con la ayuda de varios familiares, además de precisar que contaba con la doble nacionalidad brasileño-portuguesa.
La Justicia brasileña había solicitado de forma oficial la cooperación de las autoridades lusas, por lo que en la detención practicada hoy participaron policías y fiscales de ambos países.
El Ministerio Público portugués reveló, asimismo, que las autoridades brasileñas ya “manifestaron su intención de iniciar un proceso de extradición” para que Schmidt responda ante la Justicia de su país.
La petrolera está envuelta en una gran escándalo de corrupción en Brasil que incluye a centenares de investigados, entre ellos el propio expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La investigación fue abierta por la Policía Federal en marzo de 2014 y fue bautizada “Lava Jato”, como en Brasil se conocen los servicios de lavado a chorro de los automóviles, debido a que los primeros lugares allanados fueron gasolineras que los cambistas usaban como tapaderas para el lavado de dinero.
Pero Sergio Moro, un juez federal de la ciudad de Curitiba, descubrió que el dinero blanqueado en los lavaderos provenía de desvíos de Petrobras, la mayor empresa de Brasil.
La Lava Jato es la mayor investigación contra la corrupción y el lavado de dinero realizada en la historia de Brasil, según ha reconocido la propia Fiscalía.
Petrobras asegura que los desvíos descubiertos sumaron en diez años unos 2.000 millones de dólares, pero la Fiscalía calcula que pueden ser mayores, ya que, por sus cálculos, la red de corrupción desvió entre el 1 % y el 5 % de cada contrato firmado por la estatal entre 2004 y 2014.
