La fiscala Silvia Cabrera investiga las denuncias de cobro indebido por personas que no cumplen con las exigencias del programa de ayuda. Además, se investigan los hechos punibles de adquisición fraudulenta de subvenciones, declaración falsa y estafa.
De acuerdo con las denuncias, fueron varios los que se presentaron como potenciales beneficiarios en el proceso de inscripción del formulario digital. Entre ellos, está imputado el presidente de la Junta Municipal de la localidad de María Antonia, Paraguarí, Martín Leonardo Riveros. Las otras cuatro personas son Cristina Rosalina López, funcionaria de Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción; Julia Brítez Paredes, asistente de la Gobernación del Guairá; Víctor Hugo Cañete, operario del frigorífico Neuland; y Nilda Ramona Rivas, trabajadora de una empresa privada.
A la par, El Ministerio Público también investiga el robo de G. 350 millones de la ayuda social cometido por dos personas.