La Contraloría General de la República dio a conocer las conclusiones de la auditoría realizada a la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), del 2006 al 2009. Entre las principales conclusiones detectó que varios abogados iniciaron juicios de regulación de honorarios por los casos en los cuales representan al BCP.
Los profesionales del derecho que solicitaron la regulación de honorarios son: Benigno López, miembro del directorio del BCP; Aldo Rodríguez, coordinador de la Dirección Jurídica; Mariana López, coordinadora adjunta; Juan Pablo Wasmosy, Carlos Ortiz y Francisco González, que siendo funcionarios, actuaron como abogados apoderados del BCP.
El cobro de estos profesionales por tales servicios fue el sueldo que mensualmente percibían como funcionarios y, la posibilidad de acceder a un cobro adicional por otra vía, está prevista tanto en la Constitución Nacional y otras leyes que se refieren al caso específico y prohíben la doble remuneración.
Ante esta situación la CGR recomienda a las autoridades del BCP implementar con urgencia los medios administrativos pertinentes para verificar si se ha producido doble remuneración en los casos en que abogados, funcionarios de la institución actuantes en juicios como sus representantes, han cobrado o se encuentran ejecutando alguna resolución judicial de cobro que afecte a la Administración Pública o a personas privadas y, de verificarse ese extremo en algún caso, el mismo deberá ser administrativamente investigado.
1Es con el objeto de asegurar el estricto cumplimiento de las leyes vigentes y la sanción a los que eventualmente las hayan infringido. “Si las circunstancias así lo indicaran, dar intervención a las unidades especializadas del Estado en este tipo de acciones. Estas acciones -o las que en su caso correspondieran- serán ejecutadas aun en el caso que el profesional afectado haya dejado de ser funcionario del BCP”, señala la recomendación del organismo de control.
ANARQUÍA. Entre otras irregularidades, el organismo superior de control detectó la falta de inventario general o inventario de situación de sumarios y juicios, abogados designados, demandantes, demandados, fuero, juzgado, secretaría, pretensión del demandante, estado procesal, monto del juicio, fecha de entrega de expedientes y fecha de inicio del juicio, tal como lo indica el Reglamento Orgánico del Comité Jurídico del BCP. Esta falta de control provocó pérdidas de juicios por falta de seguimiento y caducidad de casos, en perjuicio del BCP.