Editorial

Destitución del senador Amarilla es otro logro de la transparencia

La pérdida de investidura del senador liberal Dionisio Amarilla, decidida ayer en una sesión extraordinaria de la Cámara Alta, tras numerosos intentos de sus aliados políticos por intentar salvarlo, es otra conquista de los sectores ciudadanos que se movilizan contra la corrupción y en favor del saneamiento de las instituciones democráticas. Ya son cinco los legisladores que han sido echados o se han visto forzados a renunciar en menos de un año ante las acusaciones de cometer tráfico de influencias y otros delitos, situaciones reveladas por investigaciones y denuncias periodísticas, lo cual deriva en un proceso de transparencia sin precedentes en el ámbito político. Es de esperar que las autoridades electas y los funcionarios públicos aprendan la lección.

Al final, luego de numerosos intentos de sus aliados políticos por intentar salvarlo, el senador del sector llanista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Dionisio Amarilla, ayer resultó privado de su investidura parlamentaria en una sesión extraordinaria de la Cámara Alta, ante las acusaciones de uso indebido de influencias e intento de soborno

De este modo, en menos de un año ya suman cinco los legisladores que han sido echados del Poder Legislativo o que se han visto forzados a renunciar al cargo al que habían sido electos, ante las acusaciones de cometer tráfico de influencias y otros delitos, situaciones que fueron reveladas por investigaciones y denuncias periodísticas, lo cual deriva en un proceso de transparencia y moralización sin precedentes en el ámbito político.

El resultado de esta situación constituye otra importante conquista de los sectores ciudadanos que en los últimos años se vienen movilizando contra la corrupción y en favor del saneamiento de las instituciones democráticas. En los casos anteriores, han sido echados del Congreso el senador colorado Óscar González Daher, el senador del Partido Unace Jorge Oviedo Matto, el diputado colorado José María Ibáñez y el senador colorado Víctor Bogado, envueltos en acusaciones por casos de corrupción que se han vuelto emblemáticos.

En el caso de Dionisio Amarilla, cabe recordar que en julio de 2018 ya había sido denunciado por los hechos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, proceso que en su momento fue congelado por la protección política de que entonces gozaba el parlamentario. El mismo también había sido denunciado por corrupción durante su gestión como administrador de la Universidad Nacional de Asunción.

Amarilla además venía siendo cuestionado desde hace tiempo por ubicar a familiares y operadores políticos en puestos estratégicos, lo cual le permitía manejar información sobre diversos funcionarios públicos, incluyendo a sus colegas legisladores, facilitando la probabilidad de ejercer tráfico de influencias. De la misma manera, el dirigente liberal soporta acusaciones y denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito, debido a que la fortuna que actualmente se le atribuye no es compatible con sus ingresos, ni con los de su esposa, Analy Valiente, quien fuera directora de Declaraciones Juradas de la Contraloría hasta hace poco tiempo.

Igualmente se lo vincula con la empresa constructora BGFSA, que en los últimos años llegó a firmar contratos por 122.000 millones de guaraníes con la Gobernación de Ñeembucú.

A todos estos antecedentes se ha sumado el caso más reciente, en que se acusa al dirigente liberal de un supuesto intento de soborno a un periodista para frenar publicaciones sobre una empresa privada de seguridad, que participaba de una millonaria licitación del Instituto de Previsión Social (IPS).

Una gran mayoría de los políticos y en especial los parlamentarios han defraudado tanto a sus representados, que se han vuelto vulnerables ante las movilizaciones de hartazgo y de indignación ciudadana. Es de esperar que las autoridades y los funcionarios públicos aprendan la lección.

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