“Aunque los atroces acontecimientos denunciados son perfectamente plausibles dado lo que generalmente se sabe del régimen de (Hugo) Chávez, las conexiones con Estados Unidos pueden ser demasiado remotas o problemáticas como para justificar que la demanda sea vista aquí”, asegura el juez en una orden que se puede consultar hoy en el registro electrónico judicial estadounidense.
El juez federal del Distrito Sur de Nueva York Jed Rakoff explica en su escrito de siete páginas, que lleva fecha del 24 de agosto, que aunque las alegaciones de la demanda presentada por Cedeño, prófugo de la Justicia venezolana desde finales de 2009, puede tener base para ser admitida a trámite, la jurisdicción no corresponde a EE.UU., tal y como alegaban algunos de los acusados.
Cedeño acusó en su demanda, presentada en noviembre de 2009, a “un grupo de personas y entidades, muchas de ellas asociadas con el Gobierno venezolano, de tenerlo en prisión de forma injustificada por casi tres años en Venezuela y de dañar a su empresa, Cedel International Investment Ltd., con sede en las Islas Vírgenes”, explica el propio juez en su escrito.
Entre los demandados se encontraban Domingo Martínez, Pedro Carreño (ex ministro del Interior y Justicia), José Jesús Zambrano Lucero, Juan Felipe Lara Fernández, Werner Braschi, Gonzalo Vázquez Pérez, Rubén Rogelio Idler Osuna y Ricardo Fernández Barrueco (enjuiciado tras la intervención el pasado 20 de noviembre de cuatro bancos privados de los que era el mayor accionista).
También estaba dirigida contra Julián Isaías Rodríguez Díaz (ex vicepresidente de Venezuela, ex fiscal general y actual embajador en España) y Edgar Hernández Behrens (viceministro de Finanzas para el Desarrollo Endógeno, ex presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social, Bandes, y de la Comisión de Administración de Divisas, Cadivi).
Otros demandados eran Adina Mercedes Bastidas Castillo (ex vicepresidenta del Gobierno, ex ministra de Producción y Comercio y representante venezolana en el Banco Interamericano de Desarrollo), María Espinosa de Robles (interventora del Banco Federal), Alfredo Pardo Acosta (jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto), Maigualida Angulo y Gustavo Arráiz (detenido en 2007 acusado de contrabando y fraude tributario).
Además, la demanda iba dirigida contra las compañías Intech, Alhambra Investments y Consorcio Microstar, entre otras partes denunciadas por Cedeño, que en la actualidad reside en Miami (Florida) y que sostiene que todos ellos “conspiraron para arrestarlo y extorsionarlo y quitarle millones de dólares”.
El empresario venezolano pretendía obtener una compensación por los daños a nivel personal y causados a su compañía por estas personas y empresas mediante un entramado con sede en Nueva York para lavar fondos procedentes de la extorsión, fraude y abuso de autoridad por parte de algunos funcionarios venezolanos.
Parte de los acusados había presentado una moción alegando problemas de jurisdicción, algo que el juez ha reconocido en parte, al admitir las mociones presentadas al respecto por Zambrano, Lara, Braschi, Idler, Bastidas y Alhmabra Investments, mientras que los casos de Martínez e Intech se han remitido a otro juez, al tiempo que para el resto se establece un plazo de 120 días para la toma de una decisión.
“Es una decisión correcta y una victoria significativa para las autoridades venezolanas, que han pedido a Estados Unidos la extradición de Cedeño”, aseguró hoy Michael Díaz, encargado de la defensa de Rubén Idler, uno de los demandados.
Díaz agregó en un comunicado que el fallo del tribunal “altera seriamente la estrategia legal de Cedeño para evitar la extradición y obtener asilo político en Estados Unidos”, a donde huyó tras su puesta en libertad, en diciembre de 2009.
La jueza María Lourdes Afiuni está arrestada desde el 10 de diciembre pasado, después de que la Fiscalía la acusara de haber puesto en libertad condicional a Cedeño de forma irregular ese mismo día.
