La fiscala Patricia Sánchez es la que tiene a su cargo el caso, promovido por un grupo de abogados contra los 23 senadores que devolvieron sus fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola.
En el Senado se instaló la discordia desde el momento de la aprobación de la mayoría, y se mantiene ahora por las posturas divididas.
La colorada disidente Lilian Samaniego evitó opinar sobre la judicialización de las acciones del Senado, alegando que recién tendría una respuesta cuando la Corte se expida sobre el caso.
“Creo que lo que se hizo el miércoles (pasado) permite seguir con el trabajo; queda en otra instancia que es la Corte, la que tiene que interpretar la Constitución”, sostuvo.
“No nos compete opinar. Recuerdan que dije que era un hecho muy grave, que no estaba la figura en la Constitución, por eso mi bancada no participó en la sesión”, remarcó la senadora.
“Cuando viene de la Justicia un pedido de desafuero cada senador tiene derecho a hacer lugar o no”, manifestó.
La liberal Celeste Amarilla fue más contundente y sostuvo que todos los parlamentarios deberían ser justiciables si es que causan daño al estado paraguayo.
“No solamente en este caso, sino muchos otros casos, los legisladores tenemos que ser pasibles de sanciones cuando votamos mal, en contra de la Constitución Nacional o del Estado paraguayo”, indicó.
Puso como ejemplo su caso, respecto a su suspensión sin goce de sueldo en Diputados, y el de Kattya González, expulsada del Senado.
“Vamos a suponer que la Corte diga, en un futuro, que Kattya no tenía que salir. ¿Quién se hace responsable de los daños y perjuicios que me causaron a mí con ese castigo, y que le causaron a Kattya con esa salida?”, increpó la legisladora.
“Si yo demando luego, por reposición de haberes, daños y perjuicios, daños morales, ¿quién tiene que pagar?, ¿el Estado paraguayo o los que votaron mal?”, insistió.
“Deberíamos ser justiciables todos los legisladores que le causamos un daño al Estado paraguayo”, sentenció.
“También deberían ser justiciables los ministros, los gobernadores, los intendentes, que por no pagar a tiempo, se generan intereses millonarios en las empresas, en los casos de obras viales”, alegó.
“¿Quién es responsable?, ¿el Estado o tienen que pagar con sus bienes aquellos que no dieron la plata a tiempo o no suspendieron la obra para que no genere intereses?”, señaló Amarilla.
Manifestó su conformidad con la investigación judicial a los que votaron a favor del desdesafuero. “Yo creo que sí por esto que digo, porque nosotros y los ministros tenemos que tener la responsabilidad de no involucrar al Estado en problemas”, dijo.
“¿Quién tiene pagar?, ¿el Estado paraguayo por un error y capricho de los 23 o los 23?”, remarcó Celeste.
“Para mi es imposible, sino los parlamentarios ya no van a poder ejercer su función”, criticó Bachi, rechazando que sus decisiones sean justiciables.
