A partir de hoy, rige la medida aplicada por orden del presidente de la Cámara de Diputados, de eliminar del reloj biométrico a los 630 funcionarios contratados, de los cuales 417 son jornaleros y 213 son honorarios profesionales.
La causa es la falta de presupuesto para llegar a fin de año, ya que, según el legislador cartista, el diputado Miguel Cuevas, de Colorado Añetete, elevó mes a mes los gastos y contratos sin prever el déficit.
El nuevo director general de Administración, Ramón Solís, solicitó la desvinculación de todos los contratados.
Los contratos vencieron el 30 de junio y no se contempla la renovación automática, por lo que los funcionarios no podrán reclamar sus haberes, y Pedro Alliana ya anunció que no serán pagados.
La recontratación de los afectados dependerá de las conversaciones que tenga cada diputado con Alliana, lo que se irá resolviendo durante la semana, teniendo en cuenta la necesidad del legislador y el ajuste del presupuesto, informó el director general de Recursos Humanos, Julio César Cabrera.
Un total de 1.962 funcionarios tiene la Cámara de Diputados, de los cuales 1.332 son permanentes y 630 contratados.
El presupuesto de G. 3.500 millones alcanza solo para los pagos hasta setiembre, y si se quiere cumplir con los salarios de los meses de octubre, noviembre y diciembre, más aguinaldos, se requiere de alrededor de G. 4.500 millones, con lo que no se dispone, ya que en promedio se gastan G. 1.200 millones por mes.
Pedro Alliana asumió como presidente de la Cámara el 1 de julio y, apenas inició su gestión, anunció la cancelación de contratos de 71 personas.
