Por un lado, la medida adoptada por la jueza Penal de Garantías de Ciudad del Este, Cinthia Garcete Urunaga, de blanquear un supuesto grave caso de desfalco por valor de 1.200 millones de guaraníes detectado en la Municipalidad de la capital altoparanaense, al otorgar el sobreseimiento definitivo al senador colorado cartista Javier Zacarías Irún y el sobreseimiento provisional a su esposa, la ex intendenta de Ciudad de Este Sandra McLeod, entre otros acusados, constituye un balde de agua fría para gran parte de la ciudadanía esteña, que desde hace tiempo viene reclamando justicia ante los reiterados casos ilegales en los que se involucra al llamado Clan ZI.
El senador Javier Zacarías Irún, su esposa Sandra McLeod, su hermano Justo Zacarías Irún, junto a varios otros parientes y miembros de su grupo político, han manejado la Municipalidad de Ciudad del Este durante 17 años, además de la Gobernación del Alto Paraná por mucho tiempo, con mucha influencia sobre otras instituciones en la región como la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, Aduanas, logrando establecer un fuerte sistema de control, hasta que una intervención decidida por el Poder Ejecutivo y el Congreso halló varias irregularidades y decidió destituir a la intendenta Sandra McLeod, en febrero de 2019.
Entre los casos judiciales en que aparecen involucrados, el Ministerio Público investigó un presunto desvío de fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este por valor de G 2.100 millones, a través de la firma Fronteras Producciones, que se habrían utilizado para una campaña política de la familia Zacarías Irún. El proceso se dilató durante mucho tiempo con las chicanas presentadas por los abogados del Clan ZI. La Fiscalía pidió llevar el caso a juicio oral, pero, tal como se temía, la jueza Garcete acabó otorgando ayer el sobreseimiento a los principales acusados y blanqueando en la práctica el grave hecho.
Otro hecho que destila el mismo olor a blanqueo e impunidad fue la decisión tomada ayer por el juez Juan Carlos Zárate de otorgar libertad ambulatoria el ex senador colorado Óscar González Daher imputado por asociación criminal y tráfico de influencias en el famoso caso de los audios filtrados. González Daher era presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en representación del Senado y las grabaciones de conversaciones telefónicas divulgadas por la prensa demostraron cómo usaba su cargo para chantajear a jueces y fiscales y arreglar los casos judiciales según su conveniencia y a cambio de dinero.
Una vez más, el Poder Judicial aparece aplazado ante la ciudadanía, confirmando su falta de independencia y su vulnerabilidad ante la corrupción y los manejos políticos. Este panorama resulta desolador y frustrante, sin embargo, a los paraguayos no nos queda otra alternativa que seguir luchando con más energía para cambiar el sistema.