25 abr. 2024

Denuncian que un inmueble está por ser expropiado de forma irregular por los ZI

Defensor. El abogado Víctor Enriquez exhibe el expediente.

Defensor. El abogado Víctor Enriquez exhibe el expediente.

Un inmueble de 11 hectáreas, en sucesión y con prohibición de innovar, está a punto de ser expropiado supuestamente para entregar a un grupo de denominado sintechos, ligados al clan Zacarías Irún. El Poder Legislativo ya sancionó la ley que actualmente está en el Poder Ejecutivo, para su promulgación o veto, de acuerdo con la denuncia del abogado Víctor Enriquez, quien representa a la familia afectada.

El proyecto de expropiación fue presentado por la diputada Blanca Vargas de Caballero, del equipo de Javier Zacarías Irún y aprobado en ambas cámaras, aún con la advertencia y recomendación de la comisión de Asuntos Municipales del Senado, de que se rechazara el pedido por no cumplir los requisitos requeridos. El proyecto volvió a Diputados y pasó nuevamente a la Cámara de Senadores, donde se aprobó finalmente por ausencia masiva de los legisladores, según el abogado.

La propiedad ubicada en un área de mucho valor del barrio San Miguel de Ciudad del Este pertenece a familiares de Marcelina Núñez Ocampos, fallecida.

El abogado relató que el proyecto se había presentado en noviembre del año 2017, cuando el inmueble no estaba ocupado, violando la ley 5832/17 que establecen los requisitos para presentar un proyecto de ley de expropiación. Incluso entre los documentos presentados se puede ver a través de las fotos satelitales que el inmueble estaba vacío en el tiempo en que se pidió su expropiación, según el abogado que exhibió los documentos.

IRREGULARIDADES. “Esperamos que el presidente Mario Abdo Benítez vete la ley, porque si lo promulga vamos a tener que recurrir a una acción de inconstitucionalidad para anularlo, ya que hay jurisprudencia que en todos los casos la Corte Suprema de Justicia ha anulado este tipo de expropiaciones”, dijo.

Enriquez sostuvo que no existió los 5 años de ocupación exigido por dicha ley, además del pago previo establecido convencionalmente o judicialmente, establecido en la Constitución Nacional.

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