La Organización Nacional de Aborígenes Independientes (Onai) emitió un comunicado donde responsabilizan al Gobierno de Mario Abdo Benítez por lo acontecido y exigen Justicia.
“Hoy 26 de julio de 2022, un bebé de dos meses falleció en la comunidad de Hugua Po’i... una comunidad que en dos ocasiones sufrieron desalojo forzoso. Después del último desalojo sufrido el día 12 de julio del 2022, las familias quedaron al costado de la ruta con la esperanza de que el Estado vea la forma de solucionar el caso, y en varios momentos solicitamos la asistencia médica, pero no tuvimos respuesta alguna”, expresó la Onai.
El comunicado cita todos los artículos constitucionales y leyes que señalan el deber del Estado de proteger a las comunidades indígenas, señalando que ninguna es cumplida, sino todo lo contrario, ya que la persecución y represión es el pan de cada día de los mismos.
“Ante la triste pérdida del bebé, responsabilizamos al Estado paraguayo por el abandono total hacia los pueblos indígenas, y a la vez solicitamos la regularización inmediata de la comunidad, ya que es un hábitat tradicional de los pueblos Mbya Guaraní, así como la asistencia inmediata por parte del Indi”, manifiesta el comunicado.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) también emitieron un pronunciamiento conjunto respecto al caso, señalando la responsabilidad del Estado paraguayo hacia los pueblos indígenas del país.
“Desde la Codehupy y la CDIA Paraguay alertamos que existen otras personas –tanto adultas como niños y niñas– cuya salud está deteriorada por distintas afecciones y que, a raíz del contexto, no están siendo efectivamente atendidas por el Estado. Hacemos un llamado a las autoridades nacionales y locales, de los tres poderes del Estado a garantizar efectivamente cumplimiento de derechos básicos, a la protección de la vida, al desarrollo y al interés superior de la niñez, a tomar de manera urgente, todas las medidas pertinentes para evitar que estas situaciones se repitan”, señalan.
La organización Tierraviva también se manifestó denunciando discriminación estructural desde el Estado y su responsabilidad directa en el caso de la muerte del bebé.