La familia Osman, dedicada en Ciudad del Este al comercio y el agronegocio, denuncia inseguridad jurídica, porque su causa sigue pendiente en la Corte. Refieren que fueron despojados ilegalmente de sus acciones de las empresas y de una propiedad y que hasta ahora no pueden recuperarlas, por falta de justicia.
“Lo único que yo, como representante de la familia, quiero es recuperar la dignidad, el patrimonio de mi papá, pero solo lo que es suyo, no queremos un centímetro más de tierra, solo lo que corresponde, y que él pueda tener su jubilación en paz”, explicó Wisam Osman, hijo de Jamal Osman, quien tras el despojo se vio afectado en su salud.
El caso
Varias familias conformaron empresas denominadas Issos SA, Issos Greenfield Internacional y Somax Agro, donde los Osman eran accionistas. Hace unos años, algunos empresarios propusieron la separación, pero habrían simulado la existencia de deudas y tras una supuesta maniobra, la familia Osman (padre e hijo) fueron despojados de sus acciones.
A la par, les despojaron de un establecimiento de 12.000 hectáreas, valuado en casi USD 85 millones.
“Nosotros estamos en una situación de injusticia muy grosera, porque son documentos que no tienen mi firma, no hay un reconocimiento de una escritura pública”, detalló Wisam.
Refiere que también habrían falseado documentaciones y actas de asambleas, por lo que presentaron la denuncia por varios hechos, como producción de documentos no auténticos, fraudes, lavado de dinero, apropiación y generación de deudas falsas.
En el 2022, imputaron por estafa y lesión de confianza a diez empresarios panameños y brasileños. Luego la fiscala Nilsa Torales solicitó una prórroga para investigar, lo cual Apelaciones le otorgó en junio del 2022, pero la defensa presentó apelación general y el caso fue a la Sala Penal de la Corte.
Le puede interesar: Empresarios de CDE exigen acciones ante inseguridad
En agosto de ese año, los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia anularon la prórroga, declararon extinta la causa y sobreseyeron a los imputados.
El fundamento que mencionaron fue que el Ministerio Público no fundamentó los motivos por los cuales solicitaba más tiempo de investigación y que este pedido lo hicieron de manera extemporánea.
Por eso, se presentó una acción de inconstitucionalidad en febrero de este año, alegando que es “inconstitucional que la Sala Penal haya dispuesto la extinción, cuando no era su competencia”, expresó el abogado Daniel Alarcón, quien acompañó al denunciante.
