La empresaria María Eugenia Acosta denunció a la fiscala Fátima Capurro ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), ya que interinando una causa pidió sobreseimiento de una mujer procesada por supuestamente falsificar la firma de la comerciante para una operación con Aduanas.
En febrero de este año, la fiscala Claudia Aguilera identificó a María Antonella Galli como presunta responsable de la falsificación y la procesó por producción de documentos no auténticos en una operación de importación ocasional de mercadería realizada ante Aduanas.
La fecha para la acusación era el 25 de agosto; sin embargo, luego de una recusación de la defensa de Galli, designaron provisoriamente a la fiscala Daniela Benítez, quien pidió prórroga, ya que había unos informes pendientes de recibir.
La fiscala Benítez también fue recusada y posteriormente otros tres fiscales interinos más y finalmente el 9 de setiembre le designan a la agente Fátima Capurro.
“... Para la fecha en que se designó a la agente faltaban dos meses y 16 días para que llegase la fecha de presentación de requerimiento conclusivo y ya se contaba con elementos de convicción necesarios”, dice la acusación en el JEM.
Desde esa fecha hasta el 12 de setiembre, el procurador designado en la causa había insistido a que la Fiscalía impulse realizar una pericia caligráfica y otras pericias pendientes. En todo ese tiempo, la asistente fiscal refirió que todavía no tenían la carpeta fiscal.
Pese a eso, el 13 de setiembre, la fiscala solicitó la abreviación del plazo y pidió el sobreseimiento definitivo para la mujer imputada.
“MALA PRAXIS”. El juez penal Miguel Ángel Palacios rechazó el pedido de abreviación del plazo y mantuvo la fecha de acusación el 25 de noviembre (prórroga).
Tras ser recusada la fiscala Capurro, se designó en la causa al fiscal Ángel Ramírez, quien finalmente rectificó el pedido de sobreseimiento definitivo y pidió sobreseimiento provisional, creyendo que quedó la fecha como el 22 de setiembre. Sin embargo, el juez determinó que la fecha queda para noviembre para el requerimiento.
“Todo esto corrobora la mala praxis de la fiscala Capurro”, mencionó el abogado de la empresaria, Guillermo Duarte Cacavelos.
