EFE
El primer análisis de la denuncia será hecho por el juez Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, quien decidirá luego si la remite a la Cámara Baja, que tendrá la última palabra sobre el asunto por normas constitucionales, según las cuales Temer será suspendido de sus funciones por 180 días si fuera aceptada.
Es la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder es acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal, como es el caso.
En medios políticos y jurídicos esta denuncia se daba como un hecho, sobre todo porque el fiscal general, Rodrigo Janot, adelantó la semana pasada su convicción de que Temer “recibió ventajas ilícitas” del grupo JBS, que supuestamente negociaba su antiguo asesor Rodrigo Rocha Loures, hoy en prisión por ese mismo asunto.
El mismo convencimiento ha mostrado la Policía Federal, a cargo de las investigaciones y que en un informe preliminar entregado la semana pasada al Supremo sostuvo que existen “serios indicios” de que el mandatario incurrió “con vigor” en prácticas corruptas.
En otro informe entregado hoy, la Policía Federal concluyó que Temer también intentó “obstaculizar investigaciones” y “dejó de comunicar a las autoridades” sobre maniobras corruptas de las que tuvo conocimiento, lo que pudiera generar otras denuncias.
Las sospechas se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo JBS, quienes han declarado que sobornan al mandatario desde 2010 y además han entregado a la justicia unas grabaciones que comprometen al gobernante.
En esos audios, Temer escucha en silencio y hasta consiente unas maniobras irregulares que el dueño de JBS, Joesley Batista, dice que realiza en favor de su grupo tanto con autoridades del Gobierno como con representantes del poder judicial.
Esas grabaciones fueron hechas por Batista durante una visita que hizo a Temer en marzo pasado, por lo que la sospecha que se teje en torno al mandatario se refiere a hechos ocurridos en el ejercicio de su mandato, algo que la Constitución impone como requisito para que un gobernante pueda ser objeto de un proceso penal.
En caso de que el juez Fachin considere procedente la denuncia, la decisión final será tomada por la Cámara de Diputados, que la analizará primero en la Comisión de Constitución y Justicia y luego en el pleno del órgano legislativo.
En caso de que los diputados avalen la denuncia con una mayoría de dos tercios del pleno, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días y su vacante sería cubierta en forma interina por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia.
Si fuera finalmente condenado, en un plazo de treinta días Maia debería convocar a las dos cámaras legislativas para elegir en forma indirecta a quien completaría el período presidencial, que en este caso concluye el 1 de enero de 2019.
Sin embargo, todo eso quedaría en nada si los diputados rechazan la denuncia, pues eso obligaría al Supremo a archivar el caso y el presidente continuaría en el poder.
El actual mandato presidencial lo inició el 1 de enero de 2015 Dilma Rousseff, quien fue destituida por irregularidades fiscales el año pasado y sustituida por Temer, quien entonces ocupaba el cargo de vicepresidente.
En caso de que la Fiscalía finalmente denuncie a Temer, será la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder sea acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal.
