El ex ministro y actual gobernador del Departamento de Paraguarí fue denunciado ayer ante el Ministerio Público junto con otros funcionarios por supuesta lesión de confianza, durante el desarrollo del Proyecto Epapp (Equipamientos para la Producción Agrícola del Paraguay), con los fondos de los bonos soberanos.
Alejandro Díaz, abogado de la empresa Rocalex SA, explicó que desde que asumió Baruja en el año 2016 se cambiaron una serie de exigencias para las empresas participantes del proyecto, lo que trajo consigo la sobrefacturación de los proyectos hasta en un 153% por metro cuadrado, señaló.
“Eliminaron varias exigencias para dar cabida a empresas amigas y que fueron invitadas para hacer las obras, las cuales no cumplían con los requisitos básicos para su contratación. Se eliminó experiencia en el rubro y constancia de haber realizado obras, póliza de seguros de caución (...). Estos requisitos limitaban a que empresas nuevas, inexpertas y sin solvencia puedan inscribirse, en especial la póliza de caución, prácticamente imposible que una aseguradora otorgue si no demuestra solvencia o sea reconocida en el mercado”, se expone en parte de la denuncia presentada. “Prácticamente se eliminaron los obstáculos de control”, dijo el abogado.
Así también, se introdujo la exigencia de que se pague una comisión de un 20% por sobre la obra a los responsables de la verificación, trabajo que fue tercerizado, continuó Díaz.
Con este requisito, se reducía notablemente la ganancia de la empresa, por lo tanto quedaban fuera del proyecto. Sin embargo, dicha verificación es un requisito para cobrar por las obras, por lo que Rocalex quedó sin cobrar un total de G. 837 millones, deuda que data de hace tres años, señaló Díaz. Esta exigencia solo regía para las empresas antiguas, detalla la denuncia.
A raíz de este cambio, las empresas no pudieron terminar varias de las obras que habían empezado durante la administración anterior, del ex ministro Jorge Gattini.
Además de Baruja, fue denunciado el licenciado Carlos Yegros, gerente administrativo y financiero, señalado como “ideólogo del sistema de aportes”; Raúl Paniagua, jefe de bonos soberanos, y otros tres funcionarios más.
“A cargo de su gobierno estaba una cantidad de 80 millones de dólares de fondos de bonos soberanos”, destacó el abogado de la empresa denunciante.
