Para entender bien, según el Código Penal, la exacción se refiere cuando “el funcionario encargado de la recaudación de impuestos, tasas y otras contribuciones que, a sabiendas: Recaudara sumas no debidas; no entregara, total o parcialmente, lo recaudado a la caja pública; o efectuara descuentos indebidos”.
Vargas dice que la Cámara de Senadores solicitó informes a la Defensoría del Pueblo basado en el proyecto de ley que busca establecer sanciones para quienes no realicen el Servicio Militar Obligatorio ni el servicio sustitutivo previsto para objetores de conciencia.
Explica que esta obligación de pagar se aplica únicamente a aquellos que fueron declarados objetores antes de que entre en vigencia la Ley 4013, en el 2010. Quedan exceptuados como objetores aquellos que hayan dejado constancia de su Objeción de Conciencia, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara o Senadores en fechas anteriores a la promulgación de esta Ley.
Por lo que, según la normativa, deben optar entre prestar el servicio sustitutivo o pagar una contribución equivalente a 5 jornales mínimos.
En este punto, denunció que se iniciaron los cobros en mayo del 2019 y que en los datos constan que uno de ellos, inclusive, tenía 11 años en el 2010, por lo que no pudo haberse declarado objetor de conciencia.
“Se han verificado que los más de 4.000 objetores que han abonado según se corrobora en la prueba documental ofrecida, no tenían la obligación de abonar, puesto que no se habían declarado objetores de conciencia antes de la entrada en vigencia de la ley”, refiere Vargas.
La legislación habla de cinco jornales, que suman G. 495.350 que se empezó a cobrar desde el 2019.
En total se percibió G. 1.838 millones, que fueron depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF).
La abogada explicó que el defensor del Pueblo hizo una interpretación “antojadiza” de la ley para ir cobrando y que se desconoce a dónde se destinó dicho monto cobrado.
SE DEFIENDE. Por su parte, el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, mencionó que se trata de una denuncia de tinte político en su contra y dio nombre de quiénes podrían estar detrás, ya que la ley prevé que se cobre a los objetores de conciencia, explicó.
Según el defensor, la ley que prevé hacer el cobro fue aprobada por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio.
Respondió a la denuncia que si hay algo que está mal hecho, deben ir unas 30 personas presas, inclusive el ministro de Hacienda.
“No hay ningún tipo de mal interpretación, sino un interés de buscar un golpe mediático, ya que lo que se cobra pasa al presupuesto General de la Nación, liberados para la Defensoría del Pueblo”, dijo.
Mencionó a Desirée Masi, Diana Vargas y Gregoria Arrúa como las personas que están detrás de esto.