La citada convocatoria hace alusión a las obras sanitarias que beneficiarán a las ciudades de Santa Rita (Alto Paraná), San Ignacio Guazú (Misiones), Carapeguá (Paraguarí) y Santa Rosa del Aguaray (San Pedro). La adjudicación de estos proyectos fue en noviembre y las empresas responsables son Sociedad Constructora Chaco SA, por G. 75.049.659.282; Construcciones y Viviendas Paraguayas SA, por G. 82.459.380.050; el Consorcio Rovella Tocsa, por G. 114.423.293.217, y Consorcio Sanitario Carapeguá por G. 87.004.947.769, sumando un total de G. 358.937.280.318.
Además, de acuerdo con la acusación, señalan que el jefe de agua y saneamiento del MOPC, Abelardo Martínez Ledesma, es el yerno de Carlos Rolandi Masi, representante de Electroconsult del Paraguay SA, empresa que forma parte del consorcio adjudicado para fiscalizar las obras. “Martínez Ledesma fue nombrado por la ministra Centurión, irónicamente, como administrador del contrato de la obra que será fiscalizada por su suegro”, revelan. La decisión se sustenta en la Resolución 2111, del 22 de noviembre de 2024.
DNCP. Pese a las presuntas irregularidades, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) rechazó en exactamente un mes y un día todas las protestas, específicamente a través de la Resolución DNCP Nº 411/25, “basándose en argumentos meramente administrativos y obviando el evidente tráfico de influencias y conflicto de interés que existen”, afirman. Añaden que el viento se llevó el repetido discurso del presidente Santiago Peña sobre la transparencia y la objetividad en las compras públicas. Intentamos obtener la versión de Centurión, pero no obtuvimos respuestas ayer.
