Sin embargo, los nubarrones del iliberalismo, mimetizados en instituciones democráticas, hacen que la democracia pueda estar lentamente sufriendo una involución asintomática. La invisibilidad de los síntomas los vuelve aún más peligroso. Esto combinado con ideas importadas –ya sea el populismo, el crimen organizado, la imposición de la fuerza sobre el derecho– hacen que nuestra democracia pueda estar en peligro de perderse o de mutar hacia algo que no nos conviene como país. Tal vez no rápidamente, y quizás blanqueada por una macroeconomía estable, pero puede ser que estemos perdiendo democracia.
La esperanza es que somos humanos. Y, como tal, estamos programados a tener una aversión a la pérdida. Conductualmente, estudios han comprobado que los seres humanos le damos más valor a no perder algo que a ganar algo del mismo valor. Los paraguayos, por lo tanto, en teoría le daríamos más valor a no perder la democracia que a ganarla. Pero, para darnos cuenta de que la estamos perdiendo, debemos sentir que la estamos perdiendo.
La prominencia de los hechos recientes en los que se evidencia el triste manipuleo de la Justicia por un puñado de políticos que no son representativos de los deseos de las grandes mayorías, acentúa la pobre calidad de institucionalidad que tenemos. La Justicia es la última barrera de la democracia. Los intentos sutiles, crematísticos o directos bajo amenazas de atropello al sistema, deben parar.
El diseño constitucional de injerencia política en los órganos de entrada y salida de los jueces incide en los administradores de Justicia, repele a los mejores y atrae a los aventureros, dispuestos a besar el anillo. Empatizamos con los jueces y fiscales: No tienen una red de seguridad, resuelven las cuestiones más peligrosas y los litigios más grandes bajo posibles amenazas a sus familias o por un salario no digno del cargo. A los malos se les premia y a los buenos los tienen cautivos. Esa no es la forma de vivir. Por la importancia sistémica de una correcta administración de Justicia, esto repercute en todo el país.
Es un problema enmarañado, ya que cualquier intento de mejora puede hacer que el sistema se desmorone. Honestamente, no sabemos la solución, pero como diría Franklin Roosevelt, algo debemos probar. Nuestra apatía o falta de acción, lleva a que los malos ganen y los buenos pierdan. Eso genera insatisfacción, exacerba los sentimientos antisistema, y empuja a la deslegitimación de las instituciones. El aumento de las brechas de desigualdad profundiza la sensación de injusticia. No vemos cómo podemos evitar un estallido o la aparición de un “salvador” populista si es que no mejoramos el statu quo. Este es el momento. Debemos sentir ese dolor, de lo contrario, vamos a perder democracia.
Hace un buen tiempo que no se conversa sobre una verdadera reforma del sistema de administración de Justicia. Creemos que es un buen momento de ponerlo sobre la mesa y diseñar algo que pueda iniciar un proceso. Lamentablemente, el carácter economista de la actual administración hace que no esté en la agenda política. Además, hablar de frente y decir que nos urge mejorar el sistema, no les gana adeptos políticos. Pero bueno, para hacer historia uno tiene que ser determinante, y ganarse enemigos en el camino. Nadie hizo historia cayéndole bien a todo el mundo.
Debemos mejorar la calidad de nuestros abogados con una educación integra, inyectada de valores, libre de injerencias y malas prácticas. Debemos diseñar un mejor proceso de entrada y salida de jueces y fiscales. Debemos otorgarles a los jueces y fiscales tecnicismo, expertise, seguridad física y económica a sus seres queridos. Debemos mejorar el acceso a una Justicia pronta, barata e imparcial en todos los rincones del país. Mientras que no lo hagamos, los episodios de abuso al sistema se repetirán. Tomarán estado público y atentarán contra aquello que ganamos en las últimas décadas, nuestra tan querida democracia.
