EFE
CARACAS
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció ayer que la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, publicada en 2017 y que en la víspera pidió reformar, fue “mal aplicada” y utilizada de forma abusiva.
“Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley”, dijo Rodríguez durante un acto con caficultores en el estado Portuguesa (centro).
Rodríguez solicitó ayer al Parlamento, de mayoría chavista, una reforma parcial “con carácter de urgencia” de la ley, criticada por la mayor coalición opositora como parte de un “marco legal represivo” y usada, según organizaciones no gubernamentales, para perseguir a periodistas y violar la libertad de expresión.
La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país suramericano.
Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de “odio” que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.
Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados “delitos de odio” y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento “para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder”.
Ayer, a través de una carta publicada en su Telegram pero con fecha del lunes último, Rodríguez afirmó que la reforma solicitada es para “avanzar en la despenalización de las conductas previstas” en esta norma y como parte de las acciones del Gobierno para “transformar el sistema de justicia penal” y “favorecer el reencuentro y convivencia democrática” en Venezuela.
La mandataria, sin embargo, defendió los principios de la ley y llamó a “sustituir el odio por el amor” y “la intolerancia por la convivencia”.
“Yo creo en los principios de esa ley, el principio de la tolerancia, el principio del amor (...) que no se imponga el odio sino que podamos convivir”, sostuvo.
Ya en febrero de este año, su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, había admitido el uso inadecuado de esa normativa y considerado posible una reforma.
Organizaciones piden derogación y no reforma de criticada ley
Organizaciones en Venezuela exigieron ayer que la ley contra el odio, señalada como parte de un “marco legal represivo” contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas al chavismo, sea derogada en lugar de reformada, como solicitó la presidenta encargada Delcy Rodríguez al Parlamento.
“Seguimos exigiendo la derogación”, expresó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en X, donde señaló que la norma “no solo penaliza la expresión, también permite revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales, imponer multas y ordenar el retiro de contenidos”.
Para el SNTP, eliminar las penas de prisión “sería un avance importante, pero no es suficiente si se mantienen disposiciones que permiten” esas otras sanciones.
Por tanto, consideró que la revisión ”debe desmontar tanto la penalización de la expresión como los mecanismos de censura”.
“Una reforma limitada a la despenalización dejaría vigentes restricciones muy graves para la libertad de prensa y de expresión”, sostuvo.
El Colegio Nacional de Periodistas dijo en X que la ley debe ser derogada por su “carácter punitivo y discrecional que viola derechos constitucionales, entre ellos, el derecho a la libertad de expresión”. EFE
