Sábado|15|NOVIEMBRE|2008
El recordado sacerdote Federico Schiavón recorría las casas de comerciantes y ganaderos de Pilar solicitando aportes para los múltiples emprendimientos sociales y educativos que llevaba adelante. Era tan activo -y temido por los potenciales “pecheados"- que se ganó el apodo de Pa’i alcancía. De aquella época del manejo artesanal del dinero a la propuesta que el Gobierno hizo en estos días a la Iglesia Católica, hay una distancia sideral.
En otros países el planteamiento podría sonar exótico. Pedirles a los obispos que controlen la administración de los 15 millones de dólares que Itaipú destinará a la ejecución de planes sociales parece, a primera vista, poco adecuado, pues en un Estado laico los sacerdotes no tienen por qué manejar los fondos públicos. Pero cualquiera que conozca el caso paraguayo entendería la razón de la petición. Son millones de dólares que eran tradicionalmente rifados en un mar de corrupción y existe la intención de que esta vez lleguen a los más pobres.
La Pastoral Social atesora un capital que ningún organismo público, ningún partido político, ningún poder del Estado tiene: credibilidad. La gente no teme que los curas puedan desviar esos fondos para su provecho personal. La intención del Gobierno es, pues, buena. Insólitamente bien intencionada. Pero equivocada.
Desviarse de los mecanismos institucionales previstos en las leyes termina siendo perjudicial a largo plazo. Si las estructuras del Estado son poco creíbles, no queda otro camino que intentar fortalecer las instituciones de control previstas en la Constitución, como la Fiscalía y la Contraloría. No incluyo aquí al Parlamento, porque su intervención sería dudosamente constitucional y políticamente desastrosa.
Imaginarse a los parlamentarios discutiendo dónde deben aplicarse los fondos de Itaipú nos lleva a adivinar que no se invertirían en ninguna parte, bloqueados por la puja de decenas de intereses sectoriales.
Aún cuando el control por parte de la Pastoral Social fuera legal, cabe preguntarse si tienen la estructura para hacerlo adecuadamente. El riesgo de terminar salpicados por las inevitables sospechas es demasiado alto. La intención del gobierno de Lugo es buena, la credibilidad de los obispos excelente, pero la oferta no debería ser aceptada porque la creación de una vía paralela de control desdibujaría la institucionalidad de la República. Ojalá los obispos reflexionen sobre esto y eviten inmiscuirse en asuntos civiles.
Justo es señalar el esfuerzo que se está realizando por transparentar el manejo de los fondos de Itaipú. El contraste con la imagen que se proyecta desde Yacyretá es notable. Tan grande como la caradurez de los parlamentarios colorados que ahora pontifican sobre la manera correcta de administrar el dinero de las binacionales. Deberían callarse por un tiempito. Ellos, los que despilfarraron carnavalescamente -en provecho propio y de su partido- dichos recursos, parecen chanchos dando cátedras de higiene.
No está de más recordar que, justamente debido a todo lo que robaron ellos, al Gobierno se le ocurre recurrir a actores insólitos para demostrar que su intención de transparentar el manejo de los fondos de Itaipú es real. Pero bueno también es que el clero recuerde que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Y que no es lo mismo administrar las donaciones de los feligreses que millones de dólares del Estado.