El intendente de Caapucú, Gustavo Penayo, cartista, tiene dos auditorías de la Contraloría General de la República (CGR), por denuncias por no justificar G. 1.900 millones que recibió durante el 2021, en concepto de royalties.
El intendente de Loma Grande, José Vera Benítez, liberal, tiene una denuncia penal por lesión de confianza. Supuestamente, realizó adjudicaciones sin pasar por controles de Contrataciones Públicas por un total de G. 322.500.000, y realizó desembolsos por G. 235.038.078, sin aval de la Junta Municipal.
Las comisiones especiales que estudiaron el pedido de intervención en ambos casos recibieron a los concejales denunciantes y a los intendentes para que expongan la denuncia y la defensa, y las respectivas documentaciones.
Finalizado el trabajo, se emitieron dictámenes y estos serán estudiados mañana ante el pleno, que deberá votar para definir si se lleva a cabo la intervención, de una y otra municipalidad, o si se rechazan.
