15 may. 2024

Déficit judicial frena licitación para los carnés de abogados

Hace dos años que la Corte no expide carné para los más de 54 mil abogados matriculados. Ahora, por falta de presupuesto, suspendieron la licitación para los documentos identificatorios que iban a tener código QR.

En déficit. El Poder Judicial se encuentra con un déficit de más de G. 65 mil millones.

En déficit. El Poder Judicial se encuentra con un déficit de más de G. 65 mil millones.

El déficit presupuestario del Poder Judicial hizo que se suspendiera un llamado a licitación para la fabricación de los carnés de abogados y otros auxiliares de Justicia.

El caso es que por falta de presupuesto, hace dos años que ya no se expiden los documentos identificatorios para los más de 54 mil abogados matriculados.

El secretario general de la Corte, Gonzalo Sosa Nicoli, había presentado un proyecto que fue aprobado para el registro, control y expedición de las tarjetas de identificación para los auxiliares de Justicia, con un sistema de codificación QR.

Según el proyectista, se quería que las tarjetas identificatorias tuvieran un código QR, al que podía accederse mediante una aplicación a ser instalada en los celulares.

ACCESO. La idea es que el citado código QR permitiera acceder al legajo de los profesionales abogados, si están habilitados a ejercer el Derecho, como el caso de los funcionarios públicos, si tienen sanciones o si están suspendidos.

El acceso, según explicó, sería de 24 horas, por lo que en cualquier momento la Policía o cualquier persona a quien se le exhibiera el carné podría ingresar a los datos del profesional abogado.

El documento iba a ser implementado también para los otros auxiliares de Justicia, como los escribanos, rematadores públicos y peritos, a más de los camaristas, jueces, fiscales y defensores públicos.

Es más, ante cualquier protesta por violación a la intimidad, señala que la ley de acceso a la información pública indica que cualquier dato que consta en registro público, y estos profesionales constan en los registros de la Corte Suprema de Justicia.

Sosa Nicoli refirió que en el Parlamento, su proyecto tuvo acogida favorable y que por ello, se le asignó G. 5 mil millones, ya que se debían fabricar para unas 60 mil personas.

Sin embargo, en el Poder Judicial, los fondos fueron recortados a G. 3 mil millones. Ahora, cuando se iba a llamar a licitación, fue suspendido por falta de fondos.

El mismo debía ser llamado como “Contratación del Servicio de Implementación del Sistema para Registro, Control y Expedición de Tarjetas de Identificación para Auxiliares de Justicia con Sistema de Codificación QR”.

No obstante, fue suspendida por que “no hay posibilidad de financiar los costos de los llamados”, según la justificación que se dio para no poder aplicar el sistema que estaba aprobado.

Solo expiden una constancia de que ejerce la abogacía.
El secretario general de la Corte señaló que ante la falta de fondos para la expedición de los carnés identificatorios, lo que hacen es dar una constancia de que el profesional es abogado, conforme con sus palabras. Explicó que incluso hizo el proyecto teniendo en cuenta que ya pudieron identificar algunos carnés falsificados, por lo que querían implementar este tipo de identificadores para los profesionales. Además, indicó que iba a abarcar a jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, escribanos, rematadores públicos y peritos. Otro punto a destacar es que el mismo iba a ser financiado con los pagos realizados por los que solicitaban los carnés. Hay que señalar que la Corte tiene un déficit de 65 mil millones de guaraníes, al punto de que tienen fondos para pagar los servicios básicos hasta el mes de agosto. Incluso, ya alertaron a los entes públicos de esta situación.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.