Apenas asumió la defensa del secretario del diputado José María Ibáñez, el estudio jurídico del senador colorado Enrique Bacchetta busca paralizar la investigación pidiendo la recusación de los fiscales encargados de la causa.
Ayer, Aldo Bacchetta, del staff jurídico al mando de su padre, presentó ante el fiscal general, Javier Díaz Verón, el pedido de recusación a los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos Carlos Arregui (adjunto) y René Fernández.
Con esta maniobra se busca trabar la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y estafa contra Marcial Speranza Jara que llevaban a cabo los agentes del Ministerio Público.
Hay que recordar que Speranza, haciéndose pasar por un potentado ganadero, fue adjudicado por el Indert con un lote de 3.999 hectáreas ubicado en Infante Rivarola, Mariscal Estigarribia (Boquerón).
La nota del equipo jurídico señala como motivo del pedido el hecho de que Fernández allanó la vivienda del empleado de Ibáñez el pasado jueves sin haber notificado a su cliente.
También manifestaron que no correspondía el procedimiento cuyo fin era indagar la solvencia económica del investigado, ya que para lograr ese objetivo debía realizarse una pericia contable.
Amenazan por segunda vez. Además de afirmar que existieron irregularidades en la investigación, el estudio jurídico amenaza por segunda vez con enviar a los fiscales al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Hay que recordar que el senador Bacchetta ya había advertido en noviembre pasado con enviar al JEM tanto a Arregui como a Fernández por haber imputado a su colega Víctor Bogado.
Y ahora que el bufete asumió la causa de Speranza, buscan apartarlos diciendo que los agentes “tendrían una causal de odio contra Bacchetta”.
Antecedentes. El Estatuto Agrario establece que el Indert solo puede entregar tierras en la Región Occidental a personas de probada solvencia económica que utilicen los inmuebles para la explotación ganadera.
Cuando Speranza fue adjudicado, en el 2008, se comprometió ante la institución a obligatoriamente contar con un plan de inversión para desarrollar la propiedad en un periodo de cuatro años (2009-2012), cuyo monto ascendía a G. 1.197.500.000.
Esta inversión es de cumplimiento imposible para Speranza Jara por el salario básico que percibe, de G. 3.000.000, en la Cámara Baja, donde fue “llevado” por Ibáñez.
En el allanamiento, Fernández afirmó que además encontró fuertes indicios que vincularían laboral y políticamente a Ibáñez con Speranza.
Según fuentes del Indert, Ibáñez es el verdadero propietario del inmueble y utilizó a su empleado de prestanombre. La adjudicación a Speranza se concretó en el 2008, a través de la Resolución 2459/08, por el ex titular del Indert Héctor Daniel Cardozo. La entrega de las tierras se dio en medio de presuntas irregularidades, pero las mismas son negadas por la administración actual de Justo Cárdenas. Esto, a pesar de que existen informes oficiales del ente que indican que Speranza nunca desarrolló la propiedad.