La presentación se hizo a través de las abogadas María Gloria Núñez López y Carolina González Aguilera, quienes ampliaron el pedido de tutela jurisdiccional y denunciaron como hecho nuevo las amenazas de muerte.
Además, ofrecieron pruebas en las que requirieron preservar los registros de comunicación y remisión al Ministerio Público. Piden la evaluación del nivel de riesgo del interno y la protección de domicilio.
Según dicen, Ramón Mario González Daher se encuentra actualmente privado de su libertad en el Penal de Máxima Seguridad, Módulo 8, Martín Mendoza.
Refiere la defensa que recibió cuatro llamadas telefónicas, de las cuales en una de ellas le dejeron un mensaje de voz, mientras que en la última comunicación se produjo un contacto directo con el receptor y que la persona que habló se identificó como Sebastián Marset, y que reprodujo el contenido de la amenaza dejada en mensaje de voz.
“La amenaza comprende expresamente la posibilidad de atentar contra la vida del interno dentro del propio Penal Martín Mendoza, así como la realización de un atentado contra su domicilio en la ciudad de Luque”, afirman.
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“Esta circunstancia constituye un hecho nuevo de enorme trascendencia para la “tutela promovida”, pues transforma y agrava sustancialmente el cuadro de riesgo” por lo que pide la intervención judicial.
En su denuncia describen las llamadas recibidas el 8 de agosto pasado, todas dirigidas al secretario de RGD, José García González, que acompañó y pone a cargo judicial los elementos de respaldo.
Sostiene que el reo es una persona de 75 años, con múltiples patologías y sometido a un régimen penitenciario de máxima restricción y está bajo custodia del Estado, que está obligado a tomar las medidas razonables y eficaces para proteger su vida e integridad física.
La denuncia aclara que no afirma como probado que el que llamó sea efectivamente Sebastián Marset, sino que el que usó podría ser uno de los procesados por el caso del Operativo Ultranza, alojados en el mismo módulo.
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Pide recabar informes a la firma Personal para que informe sobre las fechas y horas de la comunicación, el número de origen y destino, la duración, la identificación técnica disponible, el registro de tráfico, los datos asociados, entre otros.
Pide a la juez que remita el caso a la Fiscalía para su investigación, se disponga la protección de su domicilio, teniendo en cuenta el deber de protección del Estado.
Asimismo, requiere que la jueza disponga la evaluación del nivel de riesgo del interior y que se adopten medidas inmediatas y concretas para garantizar su seguridad.
