En una jugada por bajar la tensión con los camioneros en paro, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó ayer el Decreto N° 5791, que crea el Comité del Transporte Terrestre de Carga, que estará bajo la gerencia de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán).
El anuncio de esta disposición no logró, hasta ayer, desmovilizar a los trabajadores de transporte de cargas, quienes continuaban apostados al costado de las rutas y en la Costanera de Asunción.
Fue el asesor del jefe de Estado, Federico González, quien presentó el decreto y dijo que con esto el Gobierno demuestra respeto a la manifestación de los camioneros, pero “también hace respetar los derechos de terceros”.
Puntualizó que esta medida busca resolver en una instancia los valores de costos operativos referenciales del servicio, hecho que no significa que busca establecer un precio.
Comentó que se contemplaron varios aspectos, como la actuación de intermediarios de manera legal y cómo debe funcionar la carta de flete que deben portar los camioneros.
Refirió que este decreto busca unificar criterios y trabajar conjuntamente de manera democrática y abierta para el establecimiento del precio del flete.
Por su parte, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, refirió que el Ejecutivo tiene potestad de intervenir en el conflicto a través de herramientas como el nuevo decreto, estableciendo condiciones técnicas para determinar el costo operativo.
También insistió en que no se están fijando precios del flete, sino valores de referencia de los costos operativos a fin de permitir luego la negociación entre las apartes.
PROPUESTA. El nuevo decreto del Ejecutivo crea un comité integrado por varios ministerios, empresas de transporte, intermediarios, gremios de camioneros y gremios de agroexportadores, cuya función principal “será establecer los valores del costo operativo referencial del flete de unidades vehiculares de transporte de carga de granos oleaginosos y de aceites de origen vegetal, conformadas por tractocamión y semirremolque, como asimismo todo lo referente al relacionamiento entre los sujetos que intervienen en las prestaciones de servicio de transporte terrestre de carga”.
Mayoría del Senado revió tratamiento de proyecto
Por mayoría de 27 votos a favor y 8 en contra, el pleno de la Cámara Alta resolvió devolver para su estudio en comisiones el proyecto de ley que establece costos operativos y valores de referencia del transporte de fletes.
La moción fue presentada por la senadora colorada Lilian Samaniego, quien cambió de postura luego de que se dio a conocimiento el decreto del Ejecutivo, que en gran medida contempla lo que plantea el proyecto que ya contaba con aprobación en general.
Salvo la bancada del Frente Guasu, liderada por Fernando Lugo, entre otros, sentaron postura en contra de retornar a comisión el proyecto. Durante el debate, los senadores colorados Enrique Bacchetta y Enrique Riera, al igual que Georgia Nani Arrúa y Stephan Rasmussen, de Patria Querida, celebraron esta decisión y dejaron sentado de nuevo que no podían permitir seguir legislando bajo presión de cualquier sector. Por su parte, los luguistas y también la senadora del PDP Desirée Masi expusieron que no son los camioneros los responsables de llegar a esta instancia de reclamo, sino los sectores poderosos y la tardía acción del Ejecutivo.
Propuesta sería similar a la que fue atacada de inconstitucional
Durante el debate ayer en el Senado surgieron voces que señalaban que el decreto que emitió ayer el Ejecutivo, en torno al costo operativo del transporte de cargas, es similar a la disposición que había sido declarada inconstitucional, en su momento, por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Los gremios de agroexportadores no se pronunciaron aún sobre la disposición del Ejecutivo, que ya está en vigencia y dispone la evaluación semestral del costo operativo referencial del servicio.
Por su parte, los gremios de camioneros aún están con la intención de que se sancione la ley que promueven, a partir de la desconfianza que arrastran con los agroexportadores y empresas que incumplen los acuerdos que venían suscribiendo. En la sesión del Senado señalaron que convocarán a audiencias públicas con todos los sectores para debatir el proyecto.