Los gestos de solidaridad que vemos tan extendidos en estos días sombríos son fundamentales para que las familias afectadas sientan el acompañamiento y consigan parte de lo que por derecho les corresponde, pero hay que entender que no proporciona una solución a las consecuencias de la enfermedad.
Todos los modelos epidemiológicos señalan que si no se logra reducir el nivel de contagio actual, la pandemia se extenderá por meses y con ella sus consecuencias económicas.
Estas consecuencias no deben medirse solo en términos de pérdidas de empleos. Son múltiples y de largo plazo, así como difíciles de medir no solo por la falta de datos sino fundamentalmente por consideraciones éticas.
¿Es posible cuantificar económicamente la pérdida de cerca de 100 profesionales de blanco?
¿Hasta qué punto podemos ponerle valor a la muerte de miles de personas en edad de producir?
¿Cuánto pierde un país con una madre que se muere y deja huérfanos a dos o tres hijos que requieren su cuidado para ser adultos productivos en el futuro?
Aun cuando no se pueda ni material ni moralmente realizar este cálculo es necesario considerar estos aspectos al valorar las medidas de protección que el Gobierno debe considerar. Mucha gente está en contra de una nueva cuarentena más estricta y dicen que es porque se perderán empleos y empresas.
El cálculo de las pérdidas debe ser realizado para el corto y largo plazo y considerando las múltiples formas que toma, incluyendo las anteriores, aunque parezca cruel.
Darle la oportunidad al virus a que se extienda por muchos meses puede que haga que las pérdidas económicas sean las mismas o mayores con la contrapartida de miles de muertes evitables, cuyo valor económico no incorporamos porque solo consideramos el corto plazo y como única variable el empleo.
Por otro lado, también hay costos en el sistema de salud. Ese es un costo que paga toda la población, porque, ya sea financiado con impuestos o con deuda, los recursos públicos tarde o temprano provienen del bolsillo de la ciudadanía.
Las demandas particulares deben ser respetadas y son legítimas, pero el Gobierno debe dar soluciones que protejan a la mayoría. Estas soluciones deben estar basadas en evidencia empírica y no en presiones particulares expresadas por influencers en las redes o por gremios.
Cuanto más tiempo se extienda la epidemia, más costos económicos habrá y, sobre todo, en vidas humanas.
La catástrofe sanitaria que estamos enfrentando exige que en las decisiones públicas prime el bien común.
