El principal partido reformista de Irán exhortó el sábado al Estado a acabar con la obligación para las mujeres de llevar velo en público. El supuesto uso “inapropiado” del pañuelo islámico fue lo que provocó la detención de la joven fallecida, Mahsa Amini, de 22 años.
Cientos de manifestantes han sido arrestados, junto con activistas reformistas y al menos 17 periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), entre ellos Niloufar Hamedi, del diario reformista Shargh, que informó sobre la muerte de Amini.
41 MUERTOS. La televisión estatal anunció que el número de muertos ascendía a 41 víctimas. También transmitió imágenes de “alborotadores” en las calles del norte y oeste de Teherán, así como en “algunas provincias”, y dijo que estos habían incendiado propiedades públicas y privadas.
El grupo Iran Human Rights elevó el número de muertos a 54, excluyendo al personal de seguridad, y afirmó que, en muchos casos, las autoridades habían condicionado la devolución de los cuerpos de los muertos a sus familias a que aceptaran entierros secretos.
La oenegé con sede en Oslo dijo que la mayoría de las muertes se habían producido en las provincias del Mar Caspio de Guilán y Mazandarán.
El monitor web NetBlocks informó que ahora Skype está restringido en el país, como parte del apagón de las comunicaciones que ya afecta a otras plataformas y redes sociales como Instagram, WhatsApp y LinkedIn.
ARRESTOS. Las autoridades han reportado oleadas de arrestos: el jefe de policía de Guilán anunció “la detención de 739 alborotadores, incluidas 60 mujeres”, solo en esa provincia.
Las protestas estallaron nuevamente el sábado por la noche en la capital de esa provincia, Rasht, así como en varias partes de Teherán, según videos publicados en las redes sociales.
La policía antidisturbios se desplegó en gran número en el norte de Teherán después del anochecer, dijeron testigos a la AFP.
Según la oenegé kurda de defensa de los derechos Hengaw, con sede en Noruega, los manifestantes “han tomado el control” de partes de la ciudad de Oshnavieh, en la provincia de Azerbaiyán Occidental.
El poder judicial iraní reconoció que los manifestantes habían “atacado tres bases de Basij”, una milicia islámica que trabaja a órdenes del Estado, en Oshnaviyeh, pero negó que las fuerzas de seguridad hubieran perdido el control de la ciudad.
El presidente iraní, el ultraconservador Ebrahim Raisi, afirmó que había que lidiar “con decisión” con quienes estaban detrás de la violencia. Su comentario llegaba poco después de que Amnistía Internacional alertara del “riesgo de un derramamiento de sangre aún mayor” facilitado por un “apagón deliberado de internet” por parte de las autoridades.
La oenegé con sede en Londres afirmó que las pruebas reunidas en 20 ciudades apuntan a “un terrible patrón de las fuerzas de seguridad iraníes que disparan deliberada e ilegalmente munición real contra manifestantes”.
