El debate igualmente fue largo y giró en torno a la resistencia de varios diputados, sobre todo colorados y algunos liberales, de recortar viajes y publicidad del Estado. También de establecer límites a los salarios en las entidades binacionales, alegando que para ello se deberán modificar los tratados.
El diputado del Partido Patria Querida (PPQ), Sebastián Villarejo, dijo que si bien su bancada estaba de acuerdo con establecer algunos cambios, no se alteraba el espíritu de la norma e insistió en que era necesaria su aprobación para ahorrar los gastos del Estado.
En tanto que la diputada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla, fue una de las más férreas opositoras al proyecto, argumentando que no se pueden modificar los sueldos altos de Itaipú y Yacyretá mediante una ley. Recalcó asimismo que el país necesita publicitar su turismo y consideró que los viajes no pueden reducirse a dos sino establecer sanciones a las autoridades que permiten que se realicen aquellos innecesarios. Insistió en que antes que aprobar esta ley, se deben echar parientes de la función pública.
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, refutó las demás premisas y aseguró que el proyecto no viola ninguna ley. Indicó que la alternativa más posible para que las binacionales sean afectadas con esta propuesta es la celebración de convenios con organismos del Estado y destacó que USD 247 millones gasta Itaipú en su personal, 1.720 empleados, lo que representa 7,5% de su presupuesto global.
El diputado cartista Justo Zacarías señaló que es correcto reducir gastos superfluos pero que este proyecto es redundante e innecesario.
El liberal Celso Kennedy indicó que estaba a favor del proyecto pero con algunas modificaciones como que el presidente no supere los 17 salarios mínimos.
