Mientras Alejandro Ramos y Lourdes Ramírez se incorporaban plenamente al equipo combatiente del EPP, sus hijos Alejandrito y Teresita crecían con sus abuelos maternos, Juan Ramón Ramírez y Susana Giménez, en su chacra de Ybyraty, casi sin contacto con sus progenitores durante cuatro años.
Ambos iban a clases a la Escuela Básica N° 2576 Profesora Carmen Joaquina de López, en la misma comunidad, en donde eran considerados excelentes alumnos.
Alejandrito obtenía siempre las más altas calificaciones, con Teresita siguiéndolo de cerca, según sus docentes.
En la noche del miércoles 13 de febrero de 2013, Alejandro y Lourdes aparecieron sorpresivamente en la casa de Juan Ramón y Susana con la intención de llevarse a sus hijos. Alejandrito tenía entonces 14 años de edad y Teresita, 15. Los abuelos se opusieron, al igual que la tía, Ramona Ramírez, hermana de Lourdes, pero los padres dijeron que el tema no estaba en discusión y exigieron que no cuenten nada a las autoridades, porque podrían ser víctimas de represalias. Llevándose a sus dos chicos, la pareja de combatientes del EPP se perdió en la oscuridad.
APRENDER A MATAR
Esa fue la última vez que Juan Ramón y Susana vieron a sus nietos. Venciendo el temor, su hija Ramona acudió al día siguiente a la Defensoría de la Niñez a denunciar el secuestro de sus sobrinos por sus propios padres, expresando que los dos menores de edad estaban expuestos a situaciones de mucho peligro.
Al igual que varios otros niños y niñas, también hijos de otros combatientes del grupo armado, Alejandrito y Teresita fueron entrenados en técnicas de guerra de guerrillas, aprendieron a disparar fusiles de asalto AK-47 o AR-15, a fabricar explosivos caseros, a atacar retiros de estancias, a incendiar tractores, a secuestrar personas y a mantenerlos cautivas. Aprendieron a matar por un supuesto objetivo político radical.
Alejandro Ramos Morel, con el alias de Teniente Joel, fue uno de los principales miembros del EPP, hasta que en el 2015, tras una discusión con el principal líder, Osvaldo Villalba, decidió separarse con su esposa y sus hijos, pasando a formar su propio grupo, el Ejército del Mariscal López (EML), que se presentó oficialmente el 2 de abril de 2016, sumando a algunos ex integrantes del EPP y de otra banda, la Agrupación Campesina Armada (ACA).
EL SECUESTRO DE URBIETA
Al anochecer del miércoles 12 de octubre de 2016, el joven Alejandro Antonio Ramos Ramírez, entonces con 17 años de edad, dirigió al grupo armado del EML que secuestró al ganadero Félix Urbieta en su estancia Dos Hermanas, en Belén Cué, Concepción. Luego de una frustrada negociación con los familiares, nada se sabe actualmente del paradero de Félix Urbieta.
Alejandro Antonio fue reconocido por las hijas del secuestrado, porque cuando niño llegaba a la estancia con su hermana Teresita y su tía Ramona, a vender productos de la chacra. Para ellas fue un gran impacto ver al adolescente barbudo, con uniforme de guerrillero y con armas, custodiando a su padre cautivo en un video de prueba de vida.
El adolescente también fue involucrado en el ajusticiamiento de Nilda Rossana Irala Rodríguez, ex pareja de Albino Jara Larrea, quien fue líder de la Agrupación Campesina Armada (ACA), en julio de 2018, presuntamente en represalia por haber dado información a las fuerzas del Gobierno. Igualmente, dirigió ataques con quemas de retiros de las estancias Don Rodrigo y Acapitigo, en octubre de 2017.
Las andanzas de Alejandro Antonio acabaron trágicamente el pasado domingo 1 de agosto, al atardecer, en un enfrentamiento a tiros con efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta en Belén Cué, Concepción, muy cerca de donde habían secuestrado a Félix Urbieta, cuando el joven líder del EML cayó abatido por los disparos junto a otro integrante de la banda, Alcides Mereles Carballo.
DENUNCIAS SIN ECO
En agosto del 2015, las organizaciones servicio Paz y Justicia de Paraguay (Serpaj-Py) y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) habían denunciado el reclutamiento de “niños soldado” por parte de grupos guerrilleros en el país. Exigieron a las autoridades que “reconozcan a los niños y adolescentes que forman parte de organizaciones guerrilleras como víctimas de un conflicto armado junto con sus familias, y que creen programas especializados para protegerles y restablecer sus derechos”. Manifestaron que el artículo 38 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño exhorta a los Gobiernos a que tomen todas las medidas posibles para que ningún niño, niña o adolescente participe directamente en conflictos armados.
Actualmente, en los campamentos clandestinos del EPP y de otros grupos armados quedan otros niños y niñas creciendo con el mismo destino marcado de morir matando. ¿Hay opciones de que puedan escapar de este círculo macabro?