Protestamos contra los gobiernos de Uruguay y de Finlandia por las facilidades otorgadas a los prófugos; a la Interpol, por haber levantado el dichoso –y, al parecer, no tan crucial– código rojo; al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, por haberles concedido documentos de viaje; a Fernando Lugo, por haber visitado a José Mujica y a otros oscuros agentes de una conjura internacional.
Estas reacciones puerilmente idiotas –me recuerdan las del “Paraguay Soberano” del 2012– llegaron al colmo de suspender la entrega de una condecoración al embajador uruguayo en Paraguay, Federico Perazza, quien no tuvo nada que ver y ha hecho mucho por incentivar el acercamiento entre los dos países.
Son actitudes infantiles. Lo que nos sucede se debe a la escandalosa falta de institucionalidad de nuestro Estado. Antes, podíamos ser bastante salvajes en esta isla rodeada de tierra; nadie nos miraba. Hoy el mundo nos examina con herramientas globalizadas que miden múltiples variables. Y el resultado de los análisis suele ser coincidente: no somos un país serio. El Derecho no se impone en Paraguay, no es confiable, pues nunca pudo desprenderse de una cultura autoritaria y perforada por la corrupción, la impunidad y el sectarismo. En estos piensan los inversores extranjeros a la hora de colocar su capital y los sistemas judiciales que reciben a quienes huyen de los tribunales paraguayos.
Nuestra administración de Justicia, repleta de fiscales y jueces serviles a los poderosos, resta legitimidad a los reclamos, sean estos válidos o no. Se pueden discutir los argumentos, pero es imposible negar que la Justicia uruguaya tiene elementos como para dudar de que los refugiados sean juzgados aquí con imparcialidad. El propio presidente, que asistió inapropiadamente a las sesiones de Costa Rica, los trata de “asesinos y secuestradores”, dinamitando la presunción de inocencia. No olvide que al Uruguay fueron los jóvenes liberales acusados de tirar bombas molotov en el Congreso sin ninguna imagen que lo compruebe y en el Uruguay se refugió una estudiante acosada –“cortejo y galanteo”– por un profesor que es miembro del Consejo de la Magistratura.
El problema está en nosotros. Ponemos en cargos claves a seccionaleros y chupamedias que se dedican a aprietes y tráfico de todo tipo. Y, luego, desde la turbia gelatina de nuestro estado de derecho pretendemos dar lecciones de institucionalidad a países mucho más serios. Y encima, lo hacemos con una visión con anteojeras que limita las opiniones a la dicotomía derecha/zurda. A propósito, es bueno avisar que Finlandia no puede ser considerada socialista. Allí, la ultraderecha xenófoba avanza electoralmente. Pero su institucionalidad permite acoger a refugiados de países con dudosa justicia.
