Miembros del Consejo Nacional para la Objeción de Conciencia tuvieron ayer su primera sesión en busca de una reglamentación de la ley. Al respecto, el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, a cuyo cargo está la tarea de velar por la ley de objeción de conciencia, anunció que en lo que a la institución a su cargo respecta, tienen avanzado un documento con referencia a multas que deben pagar quienes no hacen el servicio, que sería de G. 1.300.000 aproximadamente.
“La postura del defensor del Pueblo es finalmente que sean para los chicos pudientes”, refirió al ser consultado sobre qué pasará con las personas que no tienen capacidad económica y no están en condiciones de realizar el servicio militar. Apuntó que con la declaración de insolvencia el ciudadano queda exonerado de realizar dicha tarea ante la institución castrense, descartando incluso que sea designado para realizar una tarea comunitaria en compensación de no haber realizado el servicio militar.
“Establece la posibilidad además de declarar la insolvencia a los chicos que no puedan pagar las multas”, señaló el defensor.
Reconoció que por la postura del Ejecutivo de reactivar el servicio militar, se generó este debate aunque como institución ya lo estaban haciendo desde meses atrás. “La decisión del Gobierno hizo reaccionar y centrar el debate en este asunto”, dijo.
Finalmente, el Consejo quedó constituido con representantes de los jóvenes por la Objeción de Conciencia, representantes del Senado y el representante del Ministerio de Defensa, a cargo de Guzmán Espínola. El Consejo está encabezado por el defensor Miguel Godoy.
Garantías. El senador Jorge Querey, representante del Senado, dijo que se deben garantizar las leyes que hablan de la libre expresión y decisión. “Hay concepciones diferentes al servicio militar obligatorio y hay que respetar. La ley de objeción de conciencia necesita una reglamentación, sí”, señaló.
Agregó que buscarán dar garantías y aplicaciones efectivas tanto al SMO como a la objeción de conciencia.
Cristian Ferreira, representante de los objetores de conciencia, señaló por su parte que velará por los derechos de quienes se declaren insolventes al pago de multa por no hacer el servicio militar.
La Defensoría del Pueblo expide anualmente entre 200 y 300 certificados a objetores. Las Fuerzas Armadas de la Nación cuentan con unos 4.670 cupos disponibles, que son distribuidos en dos llamados.
