Por una parte, el fiscal sostiene, sobre el cuestionamiento que hace la defensa de Cuevas, –de que la Fiscalía puso un monto al momento de imputar, G. 1.705 millones, y que ahora en juicio sostiene otro, que es de G. 5.594 millones–, que sí está permitido ir aumentando las cifras durante el proceso de investigación.
“En primer lugar, eso no fue planteado por la defensa al momento de plantear un incidente, que pueda traer a colación la nulidad del proceso”, explicó.
Dijo que “únicamente al haberse incluido las dos pruebas importantes de la Fiscalía, que comprometen la situación procesal del señor Cuevas, es cuando ahora hablan de una supuesta incongruencia entre el auto apertura y la acusación, lo cual es falso”, mencionó Piñánez.
Explicó que, cuando la Fiscalía inicia una imputación, es porque tiene una sospecha de una falta de correspondencia patrimonial entre los ingresos y los egresos y eso puede ir aumentando y disminuyendo a medida que las pruebas se realicen.
NO SE ADMITIERON. Por su parte, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos sostiene que el fiscal pretende ahora meter un monto que no está en el auto de apertura a juicio, ya que el juez Yoan Paul López no admitió toda la acusación, por las pericias que fueron excluidas.
Expuso que la pericia de tasación de inmuebles realizada por el arquitecto Mateo Nakayama “tiene graves errores” y que eso no puede sostenerse como válida.
Mencionó también que el perito Pedro Javier González estaba recusado al momento de la realización de la prueba y la presentación del informe pericial, en enero del 2021, por lo que eso lo convierte en acto nulo.
Dijo que los documentos prueban que él realizó su trabajo estando recusado y que su trabajo presentó el mismo día de la acusación, por lo que no se tuvo la oportunidad para defenderse del monto de ese peritaje (esos G. 5.594 millones), “que se excluyó en la preliminar y que ahora el Tribunal metió por la ventana”.
SOSPECHAS. El legislador está acusado por presunto enriquecimiento ilícito y declaración falsa, ya que no habría podido demostrar con documentos el origen de un monto total de G. 5.594.429.490.
La Fiscalía leyó sus alegatos iniciales, sosteniendo el monto de la acusación que no justificó el diputado. Según defensa, al excluirse pruebas, solo se admitió el monto de la imputación.
