Reclamaron que hasta la fecha no hubo acción desde la Fiscalía, detallando que las denuncias aludidas son referentes a la declarada deuda ilegal de Itaipú y el acta secreta firmada en 2019. El ingeniero Ricardo Canese, integrante del Parlasur y de las organizaciones, informó que entregaron una carta a la fiscala general, y detalló que la funcionaria valoró el aporte respondiendo que se trata de una cuestión técnica que se estará analizando.
“Nos recibió la fiscala Sandra Quiñónez, a quien le señalamos lo grave que es para la República que la Fiscalía no impulse los casos del acta secreta de Itaipú (2019) y del informe final de la Contraloría General de la República (CGR) que declaró ilegal a la deuda espuria de Itaipú de USD 4.193 millones”, afirmó.
Reiteró que recordaron a Quiñónez que no debe dejar impunes las denuncias. “El Anexo C se va a revisar en relación a la potencia contratada, y con relación a la deuda espuria. Itaipú no debería pagar nada. Los usuarios paraguayos deberíamos contar con energía más barata”, reclamó.
Lamentó que la CGR quedó sola en el reclamo sobre Itaipú, aunque haya realizado un gran trabajo. Requirió también al Ejecutivo y a la Fiscalía general que reaccionen para diluir el manto de impunidad y evitar que los reclamos paraguayos en la IB se debiliten.
Misiva. En la carta, las organizaciones recordaron el acta secreta de Itaipú del 24 de mayo del 2019, “por el cual nuestro país le regalaba centenares de millones de dólares al Brasil y que pretendía que nuestra energía de Itaipú sea comercializada en el Brasil por la empresa Leros, relacionadas con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en desmedro de la ANDE, nuestra empresa pública”.
El texto señala que a pesar de que el caso estuvo cerca de motivar un juicio político al presidente de la República y a su vicepresidente, afectando también a su canciller y otros altos funcionarios, y de toda la documentación presentada por la Comisión Especial del Congreso, Quiñónez “nada” realizó hasta ahora, “otorgando así total impunidad a los actuantes en tal gravísimo acto de traición”.
Igualmente, acusaron a la fiscala general por no hacer “absolutamente nada para investigar e imputar a los responsables de la deuda espuria de Itaipú de USD 4.193 millones”, declarada ilegal el 19 de julio del 2021 por la CGR, la máxima instancia de control del Estado.
Advirtieron a Quiñónez que si no actúa “será solidariamente responsable de los gravísimos hechos de traición a la Patria” indicados en el documento.