Como titular de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, el abdista Esteban Samaniego encabezará la comisión especial de investigación de municipios con pedidos de intervención, principalmente el de Ciudad del Este, y ante ello debería de actuar con objetividad. Sin embargo, el legislador está lejos de mostrarse objetivo en este tema y en la reunión que mantuvo con intendentes, encabezados por la presidenta de la Opaci, María del Carmen Benítez, esposa del diputado imputado Tomás Rivas, se declaró abiertamente a favor de los intendentes, incluso de aquellos con serias sospechas de irregularidades.
Señaló que por una presión ciudadana no se puede quitar a un intendente “porque no nos gusta o porque perdimos una elección y a veces vemos con sentido de revanchismo de poder y simplemente nos agrupamos unos concejales para pedir la intervención”, aseveró.
Manifestó a los jefes comunales que podían regresar tranquilos a sus comunidades “a hacer su trabajo tan difícil, que nosotros vamos a tratar de hacer justicia”.
Sostuvo que los diputados no pueden convertirse en juzgadores hasta que el Ministerio Público no halle culpable de las irregularidades al jefe comunal.
La ley de intervención no establece la necesidad que exista un hecho juzgado para que se proceda a la intervención y tampoco le corresponde a la Fiscalía juzgar, situación que al parecer desconoce el legislador.
“Yo hablo de forma personal, nosotros (los diputados) no podemos saber si en tal municipalidad está mal o bueno (sic), para eso está la Contraloría, en todas las intervenciones que tratemos, porque se va a conformar una comisión especial, voy a pedir que haya dictamen de Contraloría como corresponde, para que me pueda dictaminar y pueda decir si es culpable o inocente. No importa si ese proceso lleve un mes, 22 días, 60 días, total si se hizo daño, ese daño ya no se borra y se paga por eso, y si no se hizo, que siga trabajando (el intendente)”, remarcó.
Samaniego tiene esta postura pese a que tiene conocimiento de que la administración de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, no permite el ingreso de la Contraloría a su Municipalidad.
En referencia a las manifestaciones y los escraches, dijo que aquella ciudadanía que no está de acuerdo con su intendente, en el 2020 va a tener la opción de hacer un cambio en su ciudad.
Denunciado por lesión de confianza
Samaniego fue intendente de Quyquyhó, Paraguarí, cargo al que renunció para pugnar por la diputación.
El legislador fue denunciado en marzo pasado por lesión de confianza ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, por un faltante de más de G. 10.000 millones en la Municipalidad.
Luego de siete meses de la denuncia se designó a la fiscala Marlene González para que investigue el caso.
Tras la renuncia al cargo de intendente, Samaniego se negó a entregar los documentos que justifiquen su ejecución presupuestaria. No existen facturas del uso que se dio al dinero de los royalties y Fonacide.
Este miércoles, en sesión extraordinaria, se deben conformar las comisiones especiales de intervención de municipios.
