Buenos Aires, (EFE)
Mientras el Gobierno nacional acusa a los jueces de liberar a personas responsables de delitos, la administración de la provincia de Buenos Aires impulsa un proyecto de ley para que los menores que cometan delitos graves sean imputables penalmente a partir de los 14 años y no desde los 16, como establece la legislación vigente.
Cifras oficiales divulgadas hoy por medios locales advierten que más de 14.000 personas detenidas, acusadas de cometer delitos en la Ciudad de Buenos Aires y el resto de la provincia homónima, gozan de libertad condicional o transitoria y prisión domiciliaria.
Fuentes oficiales calcularon incluso que al menos un 30 por ciento de los presos bonaerenses que salen en libertad condicional vuelve a delinquir, mientras estadísticas gubernamentales señalaron que en la provincia de Buenos Aires la participación de adolescentes de entre 16 y 18 años en delitos creció casi un 80 por ciento en el último año.
“Hay un problema de inseguridad y trabajamos para revertirlo”, manifestó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, en una entrevista publicada hoy por Clarín, después de las masivas protestas realizadas recientemente en las localidades de San Isidro y La Plata.
La reforma al Código Procesal Penal que busca establecer el gobierno bonaerense, la cual se debatirá en el Parlamento provincial, también precisa que el arresto domiciliario con seguimiento mediante pulsera electrónica sólo se otorgará a embarazadas, mujeres con hijos menores de cinco años, ancianos y enfermos terminales.
En la actualidad, lo jueces están habilitados a otorgar ese beneficio en cualquier caso.
Un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) y TNS Gallup revela que la inseguridad es el tema que “más preocupa a los argentinos”, principalmente a los residentes del conurbano bonaerense, la zona más poblada del país y donde se cometen la mayor cantidad de delitos.
El tema de la inseguridad volvió a copar las portadas de los periódicos locales luego de que en octubre pasado un ingeniero de 46 años fue asesinado cuando un grupo de delincuentes ingresó a robar en su vivienda de la localidad bonaerense de San Isidro, crimen por el que fueron detenidos adolescentes de 15, 16 y 18 años.
Éste y otros hechos recientes desataron el debate sobre la efectividad de sistema penitenciario, acerca de los institutos a los que son derivados los menores y en torno al endurecimiento de las leyes penales, con opiniones a favor y en contra.
“Nada se soluciona con restringir todas las libertades, subir las penas y construir cárceles. Hay que apuntar al tratamiento y seguimiento de los detenidos. Las cifras muestran que el sistema es un fracaso”, opinó Martín Gershnik, director ejecutivo de Unidos por la Justicia, una entidad formada por jueces, fiscales y abogados.
Un estudio de esta asociación, divulgado por la prensa, reveló que en las cárceles federales, durante un período de cinco años, seis de cada diez presos que habían sido liberados volvieron a ser detenidos.
Los analistas aseguran que en la situación también incide la falta de programación en el área de política criminal en Argentina, cuya tasa de encarcelamiento creció de 63 personas por cada 100.000 habitantes en 1992 a 156 personas por cada 100.000 en la actualidad, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Por su parte, la presidenta argentina, Cristina Fernández, criticó días atrás que “muchas veces la policía detiene y la Justicia libera y entonces es muy difícil” y aseguró que, de acuerdo con su experiencia como abogada, “la seguridad no se hace con leyes más duras”.
A tono, su antecesor y esposo, Néstor Kirchner (2003-2007), dijo que la Justicia debe ponerse “los pantalones largos” ante los delincuentes.
Sin embargo, el juez de la Corte Suprema de Argentina Eugenio Raúl Zaffaroni afirmó que "(Kirchner) se equivoca, se equivoca políticamente, pero no es el único, y se equivoca mal”. EFE
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