(EFE).- La medida, aprobada por el Consejo de Ministros el miércoles y conocida hoy por la prensa oficial, es un paso más en las reformas de Raúl Castro para “actualizar” la economía socialista y acabar con algunas restricciones y prohibiciones vigentes durante décadas.
“Se libera la venta minorista de motos, autos, paneles, camionetas, y microbuses nuevos y de segunda mano, para las personas naturales cubanas y extranjeras residentes en el país, así como para las personas jurídicas extranjeras y el cuerpo diplomático”, informó el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC, único).
Cuba ya autorizó en 2011 la compraventa de automóviles entre particulares pero mantenía la necesidad de esa preciada “carta de autorización” para la adquisición de vehículos al Estado.
Se trata de un documento otorgado principalmente a funcionarios y a profesionales de la cultura, el deporte y la salud que pudieran justificar con sus ingresos la compra de un vehículo.
Ahora el Gobierno del general Castro reconoce que ese mecanismo ha quedado “inadecuado y obsoleto”, ha generado “inconformidad e insatisfacción” e incluso se convirtió en “fuente de especulación y enriquecimiento”.
De hecho, un 30 por ciento de los vehículos que se compraron en 2012 en comercializadoras estatales cambió de propietario poco después, es decir se revendieron y a precios muy superiores.
Incluso se generó una especie de “mercado negro” de venta de esas cartas como se puede comprobar en “Revolico”, la web de anuncios clasificados más popular en la isla, donde incluso hoy se pueden encontrar “ofertas” como la siguiente: “Vendo carta lista para comprar autos de alta gama”.
La venta liberada de automóviles se irá aplicando de forma gradual y paulatina y tendrán prioridad aquellos que tienen concedidas cartas de autorización pero aún no han podido comprar sus vehículos.
A la espera de que se publique la normativa específica, la medida ha comenzado a suscitar todo tipo de reacciones entre la población aunque el principal interrogante es cuánto costarán los vehículos.
De momento solo se sabe que se establecerán “precios minoristas semejantes a los que reconoce el mercado entre particulares”, un mercado profundamente distorsionado y con precios disparados.
Basta con ver los precios de autos usados en la web Revolico: un “KIA Río 2011 en excelente estado” se oferta por 37.000 dólares, un turismo Hyundai del 2008 vale 26.500, y los populares Lada rusos, una de las marcas que más abunda en el país, pueden venderse en cifras que oscilan entre los 10.000 y 20.000 dólares.
“Lo bueno de la medida es que cualquiera va a poder tener ahora el derecho (a comprar un automóvil)” si bien la mayor parte de los cubanos no tiene poder adquisitivo suficiente para hacerlo, según dijo a Efe Yusel Pino, un trabajador del sector educativo.
No faltan las expresiones de inquietud entre quienes obtuvieron su “carta para el carro” pero llevan meses esperando la entrega.
“Me parece que todas aquellas personas que fueron a trabajar a otro país con el objetivo primordial de tener un carro y no lo han podido adquirir porque no había el que les convenía comprar han quedado completamente desprotegidas”, dijo a Efe una médico de La Habana que prefirió el anonimato.
Esa autorización y la demora en la entrega de un auto ha sido hasta objeto de bromas en los últimos meses: “Quiero aprovechar por esta vía para invitar a mis amigos de Facebook a un cumpleaños: en octubre festejaré el primer añito de mi ‘carta para comprarme el carro’”, rezaba un irónico mensaje atribuido al humorista Luis Silva, que recorrió con éxito las redes sociales en septiembre.
La “liberación” de la venta minorista de vehículos aprobada por el Gobierno tiene además un afán recaudatorio: con esos ingresos, el Estado cubano creará un fondo destinado al desarrollo del deprimido, insuficiente y en buena parte obsoleto transporte público del país.
Esta medida se suma a las últimas reformas económicas del gobierno cubano, que en este año que acaba puso en vigor una ansiada reforma migratoria, impulsó el cooperativismo no estatal, anunció el proceso para eliminar la compleja dualidad monetaria que rige en la isla y aprobó la primera Zona Especial de Desarrollo en torno al puerto de Mariel.
