El 15 de junio de 2012, un intento de desalojo a campesinos ocupantes de tierras en Marina Cué, Curuguaty, acabó en una masacre de 17 personas, que ocasionó la destitución por juicio político del entonces presidente Fernando Lugo. El proceso judicial fue un mamarracho jurídico con intencionalidad política que solo investigó la muerte de 6 policías y no la de 11 campesinos. Entre las irregularidades denunciadas, se acusó que varios labriegos fueron ejecutados, detalle que no se tuvo en cuenta y se condenó a 11 campesinos, pero finalmente una sala penal de la Corte revocó las sentencias y los dejó en libertad.
El 5 de setiembre de 2014, ya durante el gobierno de Horacio Cartes, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), entonces al mando de general Ramón Benítez (actualmente preso y procesado por un escándalo de coimas al frente del Detave), protagonizó un operativo en busca de presuntos miembros del área logística del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en Kurusu de Hierro, Concepción, donde murió acribillado Hermenegildo Ovelar, mientras quedaron malheridos Marcos Ovelar (quien murió posteriormente) y la joven María Gloria González, a quien los disparos le destrozaron la mandíbula.
Un posterior informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), firmado por Diana Vargas y Jorge Rolón Luna, constató varias irregularidades en el procedimiento. Los familiares aseguraron que la FTC se equivocó de objetivo y asesinó a inocentes. La investigación del MNP comprobó que varios adolescentes fueron detenidos ilegalmente y alegaron haber sido torturados. La Justicia no se tomó el trabajo de investigar tales denuncias, pero el Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas se pronunció ante “la gravedad de las violaciones a los derechos humanos denunciadas, entre ellas casos de torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, y la alta probabilidad de su repetición”.
El 26 de noviembre de 2014, también durante el gobierno de Cartes, una misteriosa explosión se produjo en la zona de Cuero Fresco, Concepción, ocasión en que perdieron la vida el capitán Enrique Daniel Piñánez y el suboficial José Manuel González, mientras quedó herido un agente de la Senad. La versión oficial es que fue un atentado criminal, pero varios testimonios hablan de que en realidad fue un irregular operativo en el que se intentó introducir una bomba a un campamento del grupo guerrillero Agrupación Campesina Armada (ACA) para matar a sus integrantes, pero salió mal. Hasta ahora, ni fiscales ni jueces aclaran el caso, probablemente porque se descubriría que fue una ilegal acción de terrorismo de Estado que no les conviene reconocer.
Más recientemente, el 1 de mayo de 2019, durante el actual gobierno de Mario Abdo Benítez, un operativo llevado a cabo por efectivos de la Policía Nacional, con acompañamiento del Ministerio Público, contra el grupo criminal brasileño Comando Vermelho en Piray, Amambay, acabó con el asesinato de 5 personas, presentadas por voceros gubernamentales como narcotraficantes abatidos en un enfrentamiento. Los familiares en cambio insisten en que la mayoría de ellos eran albañiles que estaban construyendo una casa y no contaban con armas, ni eran parte de ningún grupo criminal, mostrando evidencias que permiten dudar de la versión oficial.
Son solo algunos de los muchos casos denunciados como presuntos excesos represivos cometidos por fuerzas de seguridad, que las instancias del sistema de Justicia acaban por encubrir o por no investigar, generando precedentes para las acciones parapoliciales o paramilitares, que resultaban frecuentes durante la dictadura, pero que resultan peligrosas para la democracia. Cerrarse a la transparencia y permitir la duda solo favorece a los grupos criminales y nos instala en el peligroso escenario que en el pasado abrió camino a las aventuras dictatoriales.
