El informe de dicha oenegé centra sus dardos en “el papel corruptor del ‘gran dinero’ en el financiamiento de los partidos políticos” y destaca la creciente “frustración” con las prácticas ilegítimas de los gobiernos y la falta de confianza en las instituciones, que considera que erosiona la democracia en su conjunto.
El documento señala que para tener alguna posibilidad de acabar con la corrupción y mejorar la vida de las personas, se debe abordar la relación entre la política y las grandes sumas de dinero.
El resultado del informe se dio a conocer justo en momentos en que la clase política de nuestro país se encuentra enfrascada en una discusión referente al control del financiamiento político.
El oficialismo y la oposición de la ANR se niegan rotundamente al control del dinero para las próximas elecciones municipales e internas de los partidos.
La normativa propone controles más estrictos a las campañas políticas, debería ser tratada por la Cámara Baja el próximo 4 de febrero, pero no obstante, persiste la discusión y algunos legisladores sostienen que dicho proyecto es inaplicable.
Según este nuevo proyecto de ley, los partidos políticos se convertirán en sujetos obligados a prevenir el lavado de dinero, es decir, deberán reportar situaciones sospechosas.
Lo más importante, es el endurecimiento de la trazabilidad, la rendición de ingresos y egresos que deberá presentar cada candidato y el control en tiempo real desde el inicio del periodo de gastos de las campañas.
Sin embargo, los partidos políticos en nuestro país se niegan a esclarecer sus fondos.
Corrupción. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se comprometió desde el inicio de su Gobierno (2018) a dar combate frontal a la corrupción durante su gestión. Sin embargo, la promesa parece diluirse.
Tras completar su primer año de gestión se dieron a conocer varias denuncias de supuestos casos de corrupción que salpican a su entorno más cercano.
Uno de los ejemplos más emblemáticos tiene que ver con la firma secreta del acta de Itaipú en 2019, que derivó en la renuncia de altos funcionarios.
Somos el quinto país más corrupto de América
El informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional, nuevamente, posicionó al Paraguay como uno de los países más corruptos en el mundo durante el 2019.
Nuestro país se ubica solamente por detrás de Venezuela, Nicaragua, Honduras y Guatemala en América Latina.
Paraguay se posicionó en el puesto 137 de 180 países que son sometidos a un ránking de países más corruptos. El Índice de Percepción de la Corrupción de la oenegé hace una clasificación de acuerdo a los niveles percibidos de corrupción en el sector público, según expertos y empresarios.
En ese sentido, Paraguay tuvo una caída de cinco lugares con relación al informe del 2018, que lo ubicaba en la posición número 132.
Por otra parte, Venezuela y Nicaragua son percibidos como los países más corruptos de América Latina, y Uruguay y Chile como los más limpios, según el informe. La organización también reclama que la región en cuestión ha sido incapaz de hacer progresos significativos.
Para afrontar la corrupción, TI recomienda reforzar los controles entre los distintos poderes del Estado, blindar los procesos electorales, etc.