Sebastián Peña Escobar
En 1919, el economista Irving Fisher dio un discurso presidencial en el que señalaba que la creciente concentración de riqueza era el problema económico más urgente de Estados Unidos.
Thomas Piketty, el nuevo superstar de la economía mundial, lo cita literalmente: “El hecho que ‘2 por ciento de la población es dueña de más del 50% de la riqueza’ y que ‘dos tercios de la población es dueña de casi nada’ le impactó como ‘una distribución no democrática de la riqueza’, lo que amenazaba a las mismas fundaciones de la sociedad estadounidense”.
Si hay una cuestión política fundamental que nos hizo ver esta crisis epidemiológica, es la vulnerabilidad de la población global en el siglo XXI, incluso en países desarrollados. Ignorar las condiciones de pobreza e inequidad es una característica de la gran mayoría de los gobiernos del mundo; y esto nos define como sociedad global, tanto como lo hace el dominio absoluto de un modelo económico que, en los últimos 50 años, ha debilitado la esfera pública hasta el punto de poner en jaque, sobre todo en países pobres, los conceptos de soberanía y Estado-nación.
Una oportunidad de cambiar
La actual crisis volvió a poner en discusión las terribles contradicciones de la sociedad globalizada, la precariedad de la existencia de mucha gente en todo el mundo, lo expuestos que estamos a shocks globales, y la relación entre todo esto y el cambio climático (que es, por lejos, la mayor crisis que enfrentamos). En este sentido, el shock mundial del Covid-19 podría ser una oportunidad de cambiar. Así lo sugiere el hecho que, después de cada crisis global durante el siglo XX, hubo avances importantes en la construcción de un Estado fiscal y social.
Además de Piketty, Joseph Stigliz, Paul Krugman y muchos otros economistas que vienen estudiando los orígenes y evolución de la inequidad en el mundo y el rol de Estado, señalan que los eventos globales de la tumultuosa primera mitad de siglo fueron los que transformaron la estructura de la inequidad en el mundo. Al menos por algunas décadas.
Entre 1920-1980 la presencia del gobierno en la economía cambió progresivamente, sobre todo en lo que refiere a impuestos y gasto social. En países ricos como Estados Unidos, Inglaterra y Francia, justo antes de la primera gran guerra, los impuestos representaban menos del 10% del ingreso nacional. Piketty señala que con ingresos netos de entre 7 y 8%, el Estado solo podía cumplir sus funciones básicas (policía, cortes, asuntos externos, administración general, etc.), y no mucho más. Por lo tanto, además de mantener el orden y la milicia, se hacía poco o nada para que el Estado pueda invertir en infraestructura, educación y salud.
Sin duda, desde la primera posguerra, el rol de los estados fue en aumento, y esto es evidente al ver la evolución de las estructuras impositivas. En Francia comenzaron con un impuesto a la renta de 2% en 1914, y tras la crisis asociada a la primera posguerra, pasaron paulatinamente a topes (para los segmentos más ricos) de 50% (1920), 60% (1924) y 72% en 1925. En Alemania, de 4% en 1918 a 40% en 1920. En Inglaterra, del 8% (1909) al 40% después de la gran guerra, llegando hasta más de 90% en un momento. En Estados Unidos, el primer gran salto se da en 1919, cuando pasaron al 67, y luego al 77% (hasta llegar al 90%, más adelante).
Cuando Franklin D. Roosevelt asume la presidencia de Estados Unidos en 1933, el país y el mundo estaban ya bien metidos en la Gran Depresión, la mayor crisis de la historia del capitalismo. Con su New Deal, Roosevelt expande considerablemente la intervención estatal en la economía introduciendo cambios radicales en política fiscal y gasto social. El tope impositivo para el segmento más rico pasó de 24% a 80%.
Este gran salto en impuestos hizo posible la construcción del Estado social –o Estado de bienestar– en los hoy denominados países ricos. Y esto a su vez fue parte esencial de su desarrollo económico posterior. Coincidentemente, Piketty encuentra que en ese periodo (1945-75), conocido en Europa como Los 30 gloriosos, la extrema inequidad asociada al capitalismo industrial del siglo XIX se reduce notablemente. Pero con la entrada fuerte de las ideas neoliberales de economistas como Hayek y Friedman, refrendadas por las políticas de desregulación de mercados y reducción de impuestos iniciadas por Ronald Reagan y Margaret Thatcher a partir de la década de los ochenta, el tope del peso tributario se empieza a recortar sustancialmente, estabilizándose en alrededor de 30% en Estados Unidos, 40% en Inglaterra, 45% en Alemania y 50% en Francia.
Siempre atento, Piketty nota que el tamaño de este decrecimiento se relaciona con el aumento, en el mismo periodo, del pedazo de ingresos nacionales que son propiedad del segmento más rico de la población, el 1%. Una menor carga impositiva llevó a una mayor acumulación por parte de la élite económica y, consecuentemente, a un mayor nivel de inequidad.
A pesar de esto, Piketty calcula que el gasto social en los países ricos hoy está entre el 25 y el 35% del ingreso nacional: De 10 a15% en educación y salud, y de 10-20% en sustituciones (pensiones, compensación por desempleo, paro, etc.) y transferencias (bono familiar, educativo, ingreso garantizado, etc.). Este crecimiento en el gasto social corresponde casi en su totalidad al aumento en los ingresos del Estado provenientes de la mencionada escalada impositiva durante el siglo XX. En otras palabras, en los países ricos, el crecimiento del Estado fiscal refleja la construcción del Estado social.
Inequidad global
La medulosa investigación de Piketty en El capital en el siglo XXI, señala claramente que hoy la inequidad global se vuelve a acercar a los niveles de capitalismo industrial durante su cenit justo antes de la primera gran guerra, y por eso postula la aplicación de un impuesto global al capital. Sin embargo, sostiene que el rol del Estado en los países desarrollados sigue siendo el más fuerte de la historia y que no habría una suerte de “vuelta del Estado” como sugieren algunos.
Es cierto que en las últimas décadas el Estado perdió espacio en la regulación de los mercados y en su participación en otras áreas de la economía, pero en términos impositivos y de gasto social, y a pesar de los recortes, continúa manteniendo una base que hace posible las redes de seguridad social en estos países. En los principales países de Europa, hoy los impuestos representan aproximadamente el 50% del ingreso nacional. En el caso de los países pobres o, “en desarrollo”, el escenario es bien diferente. La evidencia histórica del mismo periodo que venimos considerando señala que con una carga fiscal de entre 10-15% del ingreso nacional, fue y seguirá siendo imposible cubrir mucho más que sus funciones básicas: Después de pagar a la policía, al sistema judicial y a la administración, lo que queda para educación y salud siempre será demasiado poco.
La consecuente debilidad estructural e institucional del Estado en estos países está intrínsecamente relacionada a una globalización que implica una gigantesca demanda y una enorme presión sobre sus recursos naturales. Al mismo tiempo, como lo señala Piketty, la ola ultra-liberal que empieza a tener peso desde comienzos de la década del ochenta, bajo recetas de austeridad y ajustes estructurales, exigió que países pobres recorten sus de por sí modestos gastos públicos y pongan freno a la implementación de sistemas fiscales que promuevan su desarrollo. Sumadas a la rampante corrupción pública y decadencia de la clase política, esta presión del mercado internacional llevó a nuestros países a omitir inversiones públicas estratégicas y a no priorizar la construcción de una red de seguridad social sobre la cual se sustente el desarrollo de sus sociedades.
Particularmente vulnerables
Hoy, cuando esta pandemia golpea fuerte hasta a los países con mejores sistemas de salud, países como Paraguay se ven particularmente vulnerables. Si bien en todos lados vemos el mismo problema de capacidad de reacción del Estado, esto varía según cuan fuerte o debilitada está la esfera pública en cada caso. En este sentido, un aprendizaje fundamental de la crisis actual debe ser la absoluta necesidad de fortalecer –de forma permanente y no solo bajo condiciones de emergencia– la esfera pública, las políticas de Estado y los procesos democráticos.
Y en Paraguay esto debe comenzar indefectiblemente por una reforma integral del Estado y de su sistema fiscal. Una presión tributaria de 10% no corresponde ni por lejos a un Estado ni a una economía democrática modernos. El promedio de nuestra región es de alrededor de 25%. Como vimos más arriba, en países desarrollados oscila entre 35 y 50% (en las sociedades escandinavas, incluso más). Paraguay, entonces, en pleno siglo XXI, tiene una estructura impositiva que corresponde a la exigua presión tributaria durante el capitalismo industrial de finales del siglo XIX.
Una democracia moderna precisa de una ciudadanía educada, saludable, activa, y consciente de la crisis climática global, y esto no se consigue sin una red de seguridad social que prime por sobre intereses económicos y políticos sectoriales. Por lo tanto, mientras en Paraguay no haya una reforma estatal seria y una modernización tributaria acorde, la inequidad estructural de nuestra sociedad, y su vulnerabilidad a crisis como esta, seguirán menoscabando la posibilidad de un país justo y próspero.
