“Hay 32 contratos de criptominería legales a nivel país, distribuidos en distintos lugares. Las empresas instaladas tienen contrato firmado hasta diciembre de 2027”, informó el ingeniero Miguel Báez, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en conferencia de prensa el pasado 23 de octubre. Esto, sin contar con las ilegales que operan en la clandestinidad, sobre cuya cantidad no hay datos precisos.
Según datos divulgados por la ANDE, en el año 2025, los 5.464.852 MWh facturados a los Consumidores Intensivos Especiales —usuarios y clientes que utilizan grandes cantidades de energía eléctrica para actividades tecnológicas de alta demanda o que operan con un factor de carga muy elevado— representaron el 24,9% del total de la energía eléctrica facturada a nivel nacional por la administración eléctrica (sobre un total nacional de 21.919.308 MWh).
Con respecto a las criptomineras ilegales, durante 2025, el Departamento de Asistencia Jurídica Estratégica de la estatal acompañó 20 causas penales por sustracción de energía eléctrica vinculadas a la criptominería clandestina, con 1.037 máquinas procesadoras incautadas. Los operativos de desconexión por irregularidades en la red de Media Tensión permitieron neutralizar una carga irregular no autorizada de 6,6 MW, según informó la ANDE.
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Caída de importaciones, suba de exportaciones
Los datos del segundo trimestre del informe de Cuentas Nacionales Trimestrales 2026 del Banco Central del Paraguay (BCP) muestran el cambio. La importación de máquinas mineras cayó 94,6% y arrastró a la inversión, que bajó 11,8%. En cambio, las exportaciones de bienes y servicios crecieron 11,5%, y la banca matriz mencionó entre las causas a los “servicios de validación”, como clasifica a la minería de criptomonedas.
Cabe preguntarse si este aumento genera un incremento en las condiciones de vida de los paraguayos.
Según declaraciones de la Cámara Paraguaya de Fintech a medios especializados, el sector pagará USD 350 millones a la ANDE este año. Sin embargo, organizaciones como las campañas Itaipú Causa Nacional e Itaipú también es soberanía / PPP reclamaron que el subsidio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para las criptomineras representa USD 322 millones al año. Así lo denunciaron en un comunicado divulgado en junio de este año.
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Con respecto a los beneficios, el ingeniero consultor Guillermo López Flores ubica a las granjas mineras en el escalón más bajo de derrame entre las industrias electrointensivas: operan de forma automatizada, casi no generan empleo ni proveedores locales y su capital se retira ante cualquier cambio regulatorio. Por eso propone que la tarifa se fije según el empleo por MW, el valor agregado local y la flexibilidad del consumo.
“Los incentivos deberían salir de una fórmula que pondere la densidad de empleo por MW solicitado, el porcentaje de valor agregado local, y la flexibilidad de la carga frente a las necesidades del sistema eléctrico”, sostiene el especialista.
Algunos números del sector
- 32 contratos de criptominería legales hay actualmente en el país, según la ANDE.
- USD 350 millones es el monto que el sector pagaría por su consumo de energía.
- USD 322 millones es el subsidio que las criptomineras reciben, según las campañas Itaipú Causa Nacional e Itaipú también es soberanía / PPP.
