En un país con tanta desigualdad social como el nuestro son frecuentes las luchas sociales para mejorar el status de vida por quienes carecen de todo.
Para los campesinos sin tierras (recuerden que hay 300.000 campesinos sin ella en Paraguay) la ocupación de la tierra es un deber ineludible para sobrevivir. La respuesta del Gobierno son los desalojos forzosos. Una manera de criminalizar las luchas sociales.
La criminalización de estos derechos esenciales ha abundado en el periodo de Cartes. Cito dos: Marina Cué en Curuguaty con la mayor masacre de los últimos tiempos y los cuatro intentos de desalojos a los campesinos de Guahory, quienes, a pesar de las quemas de viviendas y destrucción de sembrados en cada uno de ellos, siguen heroicamente resistiendo.
Edito cómo se resolvió un caso de desalojo en Sudáfrica sin caer en esta criminalización por parte del Estado.
“Se trataba de 40.000 personas establecidas en un terreno privado. Y la pregunta fue si debían de ser desalojadas y de qué modo. El Tribunal de Apelaciones insistió que la solución que se diera tenía que ser humana. Esto aseguraba que solamente debían de ser desalojados en el caso de que tuvieran un lugar alternativo digno de alojamiento. En este caso concreto no existía alojamiento alternativo. Las personas que habían ocupado esas tierras de modo ilegal no tenían adonde ir .
Poniendo en una balanza los derechos de los ocupantes del terrero y los derechos constitucionales de los propietarios, la Corte decidió que los ocupantes se encontraban autorizados a permanecer en aquel lugar hasta que se hiciera accesible otro alojamiento alternativo. Por otra parte, el Estado estaba obligado a pagar por los daños que sufrieran los propietarios hasta que se encontrara una solución segura y a largo plazo”.
Ojalá las fuentes de poder político y económico de donde parten los desalojos de nuestros campesinos tuvieran un mayor grado de humanidad.
